El Gobierno trabaja en una ley para mejorar el gasto público: ¿es la solución necesaria?

Según Seitz, esta ley contemplará un apartado de sanciones, controles y una serie de herramientas tecnológicas para la supervisión minuciosa de cada licitación pública. 

Lo más importante es el apartado de cadena de suministros de la DNCP, que consiste en que no es suficiente que se cumpla con todo el proceso de licitación pública, si lo que se pretende comprar no es necesario para ese momento, argumentó. 

"Si incorporamos la cadena de suministro, podremos influenciar de manera eficiente en todas las instituciones públicas para que se hagan minuciosos análisis en las contrataciones, y que se erradique esa tendencia de contratar a una empresa porque siempre luego fue así", afirmó.

Esto permitirá que cuando se necesite una obra pública, se determine qué proyecto tiene la prioridad de ejecución, comprendiendo que los fondos de inversión son limitados.

Seitz sostuvo que el nuevo sistema regirá para todas las compras que se hagan en la función pública, y toda la información relacionada al proceso será de acceso libre. 

"Las compras públicas mueven un promedio de US$ 4.000 millones por año, que representa el 12% del producto interno bruto, el 25% del presupuesto general de la nación. Entonces es un valor que tenemos que manejar inteligentemente", subrayó.

Por otro lado, Seitz aclaró que cuando se habla del ahorro, no significa que sobrará dinero a fin de año, sino que esos fondos se invertirán en otros proyectos. 

A partir de publicaciones del Banco Mundial (BM), se estima que el mejoramiento del sistema de gestión permitirá ahorrar hasta el 10% de los fondos disponibles. “Si se promulga la ley este año, su implementación será de carácter inmediato”, adelantó Seitz. 

La necesidad de actualización
Con respecto al proyecto, la economista de Mentu, Martha Coronel, explicó que la estructura de contrataciones públicas debe actualizarse, porque la normativa tiene más de 17 años de vigencia. 

A la par, recordó que la ineficiencia en las contrataciones cuesta hasta 3,9% del PIB de Paraguay, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esto representa más de US$ 1.600 millones, monto similar al préstamo adquirido en el marco de la emergencia sanitaria. 

"Efectivamente necesitamos una transformación, porque los tiempos de licitación son cada vez más cortos, por ende, tenemos que aplicar mecanismos transparentes y seguros. Toda norma ayudará, pero se tiene que armar un marco ideal para su implementación, con la capacitación de todos los funcionarios públicos involucrados en las compras y eso tomará su tiempo", manifestó.

De igual forma, Coronel consideró que habrá que crear conciencia ciudadana porque la corrupción es un camino de dos vías, “porque no solo el funcionario público infringe la ley en un proceso irregular, sino también las empresas privadas”, agregó.