Actualmente, la tarifa transitoria que se paga por tonelada de registro neto es de US$ 1,20, pero todo apunta a que volverá al esquema original de US$ 1,47, definido en 2022 de forma unilateral por la Administración General de Puertos (AGP) de Argentina.
El presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Julio César Vera Cáceres, confirmó que el cobro del arancel original sería reactivado tras la licitación que se espera para noviembre. “Estamos en un status quo desde hace meses. Nunca se reunió la comisión mixta porque Argentina tuvo problemas administrativos; desapareció la AGP y surgieron nuevos entes, como la Agencia Nacional de Puertos y Navegación”, explicó.
En ese sentido, desde la Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFyM) señalaron que, pese a que se acordó una tarifa temporal para evitar un conflicto mayor, el panorama es incierto. “Argentina tiene una posición tomada y no dio señales de retroceder”, indicó el presidente de la entidad, quien cuestionó los fundamentos del cobro. “No hubo innovación, ni dragado, ni balizamiento real en ese tramo que justifique el peaje. Esto genera un estrés constante sobre la cadena logística paraguaya”, agregó.
La CAFyM y la ANNP coinciden en que, si no se establece una solución definitiva a través de una comisión técnica, los costos logísticos para la exportación –clave para Paraguay como país mediterráneo– podrían encarecerse de manera significativa. Según confirmaron fuentes empresariales, la próxima semana se prevé una nueva reunión técnica, aunque sin expectativas de que se revisen los aranceles. “El problema no es solo técnico, es político”, advirtió el titular de la ANNP.
Desde Buenos Aires, el Gobierno de Javier Milei avanza con una hoja de ruta para relanzar la licitación de la concesión de la Hidrovía, paralizada anteriormente por denuncias de corrupción. Esta vez, el proceso se reformula con una reducción del plazo original de 30 a 20 años, atendiendo a reclamos del sector privado argentino, y con una cláusula que excluye expresamente a empresas controladas por Estados extranjeros, lo que deja fuera a capitales chinos.
Además del canal técnico, el tema ya escaló a espacios políticos. El lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se reunió con el embajador argentino en Paraguay, Guillermo Nielsen. Según trascendió, el cobro del peaje fue uno de los puntos tratados. Cabe recordar que en 2023, el Congreso paraguayo había aprobado una Declaración formal rechazando este arancel en el tramo Santa Fe - Confluencia, argumentando su carácter unilateral e injustificado.
Mientras tanto, del lado argentino, los funcionarios afirman que el Estado está absorbiendo parte del diferencial tarifario, pero eso no calmó la inquietud del empresariado local, que exige previsibilidad y reglas claras para operar. La presión crece porque se trata de una vía clave por donde transita más del 80% del comercio exterior paraguayo, y cualquier variación en sus condiciones de navegación impacta directamente en la competitividad del país.