Los requisitos más importantes son: que haya dos personas, que quien cobre no despache, que no se manipulen los alimentos con la mano, que el uniforme del vendedor esté limpio, que las manos y uñas también lo estén, que los frankfurters, chorizos y hamburguesas estén en la parrilla o heladera, que el pan esté envasado en bolsas de plástico descartable, que las pajitas y los vasos estén en buenas condiciones y se tiren luego de usar, que la higiene del carrito sea impecable, que exista un recipiente con tapa para la basura y no haya charcos o basura alrededor.
Una de las principales preocupaciones de la Intendencia es la venta callejera que no está regulada, es decir, todos los alimentos que se venden en la vía pública y no son carros de chorizos. Los que están “exonerados” son los tortafriteros (que ya tienen dos gremiales), gracias a un decreto de la Junta Departamental aprobado bajo protesta de la Intendencia de Montevideo. La protesta tiene que ver con el fuerte olor que se cuela en algunas casas vecinas de donde están ubicados los puestos de venta de tortas fritas.
En MVD hay un carro de chorizos cada 15 mil habitantes (uno 0Km no baja de US$ 15 mil)
Para un segmento de la población laburante, comer en la calle puede ser una opción económica y rápida (aunque de cuestionable valor alimentario) para salir del paso en la vorágine de la vida urbana. Desde la Intendencia de Montevideo se está trabajando muy fuerte para que todos los carritos estén en condiciones. En total hay 107 en la capital, a razón de uno cada 15 mil habitantes. Y acceder a un carro equipado con todos los “chiches” requiere una inversión no menor a US$ 15 mil.
Para ahondar un poco más sobre el tema, nos contactamos con Richard Millán, director del Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia, quien desentrañó cómo funciona este negocio que tuvo gran auge en la era pre Vázquez en la intendencia pero que luego se depuró por las exigencias de higiene. Hoy es una actividad bastante regulada y para instalar un carro de chorizos hay que pasar por Promoción Económica (Área de Desarrollo Económico) y pedir la autorización, que es personal, correspondiente. La autorización se otorga por 5 años, renovables previa inspección. La Intendencia dispone de 17 inspectores (aunque Richard dice que lo son “el millón y medio de montevideanos”) y está a punto de incorporar 10 más. “Lo que nosotros hacemos es ver en qué condiciones está el carro, que tenga agua potable, que tenga un desagüe, que tenga las piletas”, aclara.
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