La ley, originalmente impulsada en 2020, apunta a permitir que las mipymes puedan ofrecer bienes muebles (como maquinarias, insumos o equipos) como garantía para acceder a créditos, sin depender exclusivamente de propiedades inmobiliarias. “Buscamos dotar al ecosistema de un instrumento moderno que mejore el acceso al financiamiento”, expresó Giménez durante la reunión, presidida por el senador Luis Pettengill.
Desde el sector privado, el interés es determinado. Guillermina Imlach, vocera de la Asomipymes, recordó que el gremio participó desde la etapa inicial del proyecto y hoy mantiene su respaldo firme. “Nosotros seguimos defendiendo esta ley porque va a ayudar mucho a las microempresas, que muchas veces no pueden sacar un crédito así nomás, pero sí tienen maquinaria o stock que podrían usar como garantía”, señaló.
El sistema actual deja a miles de pequeños productores e industrias con las manos atadas: o bien no tienen propiedades a su nombre, o ya están endeudados con varios bancos y no logran abrir nuevas líneas de crédito. “Hay socios que están pagando tres préstamos distintos, y aunque estén al día, ya no pueden acceder a otro. Con esta ley, podrían usar sus maquinarias como garantía para un crédito más chico, para comprar insumos o seguir produciendo”, explicó Imlach.
La propuesta que es similar a modelos exitosos aplicados en otros países, según los expertos internacionales que acompañan la mesa técnica, permitiría movilizar activos que hoy están “inactivos” financieramente, convirtiendo el capital de trabajo en una herramienta real de acceso al crédito.
Para Imlach, el impacto que alcanzaría es gigantesco. “Imagínate una microindustria de confecciones que necesita una máquina más para bordar, gana una licitación y tiene que entregar en poco tiempo. Si no puede endeudarse más porque todavía está pagando otras máquinas, hoy se queda fuera del negocio. Pero si puede usar la maquinaria que ya tiene como garantía, accede a ese crédito y sigue creciendo”.
El cambio también podría beneficiar a quienes nunca accedieron a un crédito formal. “Hay muchos que no deben a ningún banco, pero eso también juega en contra, porque no tienen historial crediticio. Nadie les presta. Esta ley puede ayudarlos a entrar por primera vez al sistema financiero”, añadió.
Además del efecto financiero, el impulso de la Ley de Garantías Mobiliarias tiene una dimensión social y económica esencial. En Paraguay, las mipymes representan cerca del 70% del empleo nacional, aunque concentran una baja proporción del total facturado en la economía. “Somos los que menos facturamos, pero los que más mano de obra generamos. Muchos están parados porque no pueden comprar otra máquina. Si se aprueba esta ley, se van a poder fortalecer, crecer y emplear más gente”, enfatizó la representante de Asomipymes.
Para el MIC, se trata de crear un entorno crediticio más ágil, seguro y flexible. La conformación de una mesa técnica entre senadores, autoridades y expertos internacionales apunta a ajustar los detalles normativos para garantizar su aplicación efectiva y segura, incorporando además innovaciones tecnológicas en el registro y gestión de garantías.
La expectativa del sector es que la promulgación de la ley marque un antes y un después para el financiamiento de las pequeñas unidades productivas. “Ahora sí es el momento (dijo Imlach). Aquí entra lo que vos tenés en insumos. Si yo tengo un stock de G. 30 millones, puedo poner eso en garantía. Eso abre otra oportunidad más para que podamos seguir adelante”, finalizó.