Esta deficiencia se repite en el servicio fijo, que con 89,95 Mbps queda rezagado frente a las robustas redes de fibra óptica de otros países del continente. La situación no es ajena a Bolivia, cuyo internet móvil es aún más lento, con 19,87 Mbps, reflejando una brecha digital estructural que afecta a amplias capas de la población.
Las causas de esta posición deficitaria son profundas y estructurales. En ambos países operan mercados de telecomunicaciones altamente concentrados, con poca competencia real que incentive la inversión en infraestructura de última tecnología. A esto se suma una regulación estatal a menudo lenta y la complejidad geográfica, especialmente en Bolivia, donde la topografía diversa encarece el despliegue de redes. El resultado es una conectividad aceptable en las capitales y principales ciudades, pero dramáticamente insuficiente o inexistente en vastas zonas rurales, perpetuando la desigualdad en el acceso a la educación, el trabajo y los servicios públicos en línea.
Esta realidad contrasta brutalmente con los líderes mundiales, cuyas velocidades móviles superan los 300 Mbps gracias a una estrategia estatal que prioriza la inversión masiva en infraestructura 5G y fibra óptica. En Paraguay y Bolivia, el acceso a un internet rápido y estable sigue siendo un privilegio más que un derecho. La consecuencia es un límite tangible para el desarrollo económico, la innovación y la competitividad en un mundo cada vez más digitalizado.
Superar esta brecha requiere más que esfuerzos aislados; exige una política de Estado clara y ambiciosa. Es necesario fomentar una competencia genuina entre operadoras, reducir los impuestos a la importación de equipamiento de red y acelerar las licitaciones para el despliegue de tecnologías como el 5G y la fibra óptica nacional.
La situación del internet en Paraguay va mucho más allá de ser un problema de velocidad o comodidad, convirtiéndose en un obstáculo estructural para el desarrollo. Miguel Ángel Gaspar, especialista en ciberseguridad, señaló que Paraguay es uno de los países con mayor cantidad de celulares per cápita del mundo, pero eso creó una falsa percepción de conectividad. Que el dispositivo llegue a lo más profundo del país no significa que el internet sea suficiente para impartir clases, gestionar una empresa, acceder a servicios públicos esenciales o incluso para un entretenimiento básico en la era digital.
Esta crisis de infraestructura genera consecuencias graves en múltiples frentes. Como advierte Gaspar, la falta de inversión es el centro de la cuestión y tiene un impacto directo en la seguridad. “Sin una infraestructura robusta y propia, no solo se afecta la competitividad económica y el desarrollo social, sino que la seguridad nacional y la integridad de los datos personales de la ciudadanía quedan en una vulnerabilidad constante”, aseveró.
Asimismo, indicó que la dependencia de infraestructura de otros países agrava estos riesgos, dejando al país expuesto. “Esto no es solo un número estadístico, es una barrera tangible que mina nuestras capacidades”, finalizó Gaspar.