“¿La empresa es realmente dueña de aquello por lo que estoy pagando?”: la pregunta que un inversor debería hacerse antes de comprar

(Por NL) Supongamos que alguien compra una empresa. Lo que mira es cuánto factura, qué propiedades tiene, cuántos empleados, qué equipos, qué contratos y cuánto dinero mueve. Todos estos datos parecen estar bastante claros sobre la mesa al momento de realizar una transacción, pero ¿realmente es dueño de todo aquello que le da valor?

Una marca, un software, un diseño, una base de datos, una fórmula o incluso el conocimiento acumulado durante años pueden ser parte de lo que el inversor está pagando. El problema podría aparecer cuando, al revisar los documentos, se descubre que alguno de esos activos no está a nombre de la firma o que existen terceros con derechos sobre ellos.

“¿Qué es exactamente lo que hace valiosa a esta empresa?”, plantea, en conversación con InfoNegocios, Juan Fremiort Ortiz Pierpaoli Britez, abogado especializado en propiedad intelectual. Para él, esa debería ser una de las primeras preguntas antes de cerrar una adquisición, sobre todo en negocios de tecnología, servicios, franquicias, consumo masivo o economía digital, donde buena parte del valor puede estar en activos que no se pueden tocar.

El nombre puede valer mucho más que el registro

Una marca no es simplemente un nombre inscripto, pues detrás puede haber décadas de publicidad, distribución, calidad, experiencia del consumidor y reputación. Para dimensionarlo, el abogado propone pensar cuánto valdría una empresa conocida si mañana tuviera que dejar su nombre y empezar de cero con una marca desconocida.

Seguiría teniendo empleados, oficinas y equipos, pero podría perder una parte importante de aquello que hace que sus clientes la elijan. Ahí se entiende por qué una marca puede tener un valor económico muy superior al costo de registrarla.

Y acá aparece una situación que puede resultar incómoda para un comprador: la empresa puede usar una marca durante años y no ser su propietaria.

Puede estar registrada a nombre del fundador, de un accionista, de otra empresa del grupo o incluso de un distribuidor. Mientras todos se llevan bien, probablemente nadie se preocupe demasiado. Pero cuando llega un inversor y pregunta qué está comprando exactamente, el asunto cambia.

Si la marca pertenece personalmente a uno de los accionistas, comprar las acciones de la compañía no significa automáticamente comprar también esa marca.

Una empresa puede tener el nombre, pero no la marca

Otro error bastante común es pensar que tener una sociedad constituida con determinado nombre significa que ese nombre está protegido como marca. No necesariamente.

La denominación social, el nombre comercial, la marca y el dominio de internet son figuras diferentes. Incluso puede ocurrir que una empresa tenga su dominio y su denominación social, pero que un tercero tenga derechos marcarios anteriores. Por eso, cada uno de estos activos debe revisarse por separado.

En tecnología, el problema puede ser todavía mayor. Si el principal activo de una startup es su software, no alcanza con saber cuánto se pagó por desarrollarlo. Hay que saber quién escribió el código y bajo qué contrato.

Pudo haber sido un empleado, un programador independiente, una empresa tercerizada o incluso uno de los fundadores antes de crear la sociedad. Si no existen contratos claros sobre la cesión de derechos, el comprador puede estar adquiriendo una empresa que utiliza una tecnología, pero cuya titularidad no está completamente documentada.

Eso no significa necesariamente que la operación se caiga. El problema puede regularizarse antes del cierre mediante cesiones, nuevos contratos o garantías. Pero sí puede cambiar la negociación: el comprador podría exigir condiciones, pedir una indemnidad o incluso revisar cuánto está dispuesto a pagar.

En otras palabras, un problema de propiedad intelectual puede terminar convirtiéndose en un problema de precio.

No alcanza con mirar lo que la empresa tiene

Para detectar estos riesgos existe la due diligence de propiedad intelectual. La revisión busca identificar marcas, diseños, software, obras, dominios, licencias, secretos empresariales y otros activos, pero también responder preguntas básicas: quién es el titular, si los derechos siguen vigentes, en qué países están protegidos y si existen restricciones, litigios o derechos de terceros.

Y hay otra parte que tampoco se puede dejar de lado: lo que la empresa podría estar utilizando sin tener derecho a hacerlo.

Puede tener veinte marcas registradas y, al mismo tiempo, enfrentar una acción contra su principal marca. Puede utilizar fotografías sin una licencia adecuada o tecnología sobre la cual existen derechos de terceros. Al comprar la compañía, el inversor no se lleva solamente las oportunidades; también puede quedar expuesto a esas contingencias.

Si, además, la empresa tiene planes de crecer fuera del país, hay que mirar todavía más lejos. Una marca protegida en Paraguay no queda automáticamente protegida en Brasil, Argentina, Estados Unidos o Europa. Y puede ocurrir que, justamente en el mercado donde el comprador quiere expandirse, el nombre ya tenga dueño.

También entran en juego los contratos de licencia y franquicia, las restricciones territoriales y las cláusulas que pueden activarse cuando cambia el control de una empresa. Tener un activo registrado no significa que el titular pueda hacer cualquier cosa con él.

Lo que no se ve también puede valer millones

Hay empresas cuyo principal diferencial está en una fórmula, un algoritmo, un proceso interno, una estrategia comercial o información sobre sus clientes. Son conocimientos que pueden explicar buena parte de su ventaja frente a la competencia.

Pero para que un secreto empresarial sea realmente protegible, tiene que mantenerse como secreto. Acuerdos de confidencialidad, controles de acceso, políticas internas y cláusulas con empleados y proveedores forman parte de esa protección. No alcanza con decir que algo es confidencial si durante años cualquiera pudo acceder a esa información.

Incluso puede haber activos que la propia empresa nunca identificó como propiedad intelectual: fotografías, videos, diseños, manuales, bases de datos, contenidos digitales, packaging o procedimientos internos. Por eso, una buena auditoría no consiste solamente en revisar papeles; también requiere entender cómo funciona el negocio y qué cosas son las que realmente le permiten generar ingresos.

Y ahora se suma un elemento relativamente nuevo: la inteligencia artificial. Empresas y empleados ya utilizan estas herramientas para desarrollar software, imágenes, textos y diseños, pero también pueden introducir información interna en plataformas externas. Esto abre nuevas preguntas sobre contratos, confidencialidad, intervención humana y posibles derechos de terceros.

Por eso, Ortiz Pierpaoli Britez recomienda no esperar a que aparezca un comprador para ordenar estos activos. La marca no debería descubrirse a nombre de un antiguo socio cuando ya hay una oferta sobre la mesa, ni la titularidad del software debería convertirse en una discusión durante la negociación.

La preparación debería comenzar mucho antes: identificar los activos que generan valor, verificar que estén a nombre de la compañía, mantener vigentes los registros y ordenar los contratos con empleados, desarrolladores, diseñadores y proveedores.

Porque, para un inversor, la pregunta no debería ser solamente cuánto factura una empresa, sino por qué puede facturar eso y si podrá seguir haciéndolo en el futuro.

Si los clientes la eligen por su marca, hay que saber quién es su dueño. Si el negocio depende del software, quién tiene los derechos sobre el código. Si la ventaja está en un conocimiento, cómo se protege. Y si el plan es crecer en otros mercados, qué derechos existen allí.

Al final, comprar una empresa es comprar su capacidad de generar valor hacia adelante. Y buena parte de ese valor puede estar justamente en aquello que no aparece a simple vista.

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