Paraguay se prepara para mover una pieza central de su tablero energético. El Gobierno puso a disposición pública el proyecto de ley que plantea la creación de un Ministerio de Minas y Energía, una nueva estructura que tendrá como objetivo ordenar y coordinar la política energética nacional frente a una etapa marcada por una mayor demanda, la industrialización y la necesidad de nuevas inversiones.
La propuesta fue presentada durante la primera reunión de la Mesa Nacional del Sector Eléctrico, encabezada por el presidente Santiago Peña, con la participación de representantes de la industria, empresas del sector, especialistas y académicos. El encuentro se extendió por casi tres horas y dejó como resultado concreto dos proyectos de ley: uno para crear el nuevo ministerio y otro para establecer un ente regulador del sector eléctrico.
La intención del Ejecutivo es que ambos documentos sean analizados por los actores vinculados al sector antes de avanzar en el Congreso. El Gobierno busca así construir un nuevo marco institucional con aportes del sector privado, la academia y los especialistas.
Durante la reunión, Victorio Oxilia, experto en energía y representante de la academia, explicó que la creación de una autoridad con rango ministerial responde a una necesidad de mirar el sector de manera integral, considerando tanto la oferta como la demanda.
El planteamiento está alineado con la Política Energética Nacional 2050, aprobada en 2024, que ya establecía entre sus líneas de acción la necesidad de fortalecer la institucionalidad energética.
La idea es que el nuevo Ministerio pueda articular la política energética con otras áreas del Estado y definir una hoja de ruta de largo plazo para la generación, transmisión y distribución, así como para otras fuentes de energía. En paralelo, el ente regulador tendría la responsabilidad de establecer y controlar las reglas del mercado eléctrico.
Para el sector privado, esta separación de funciones es uno de los puntos centrales de la reforma. Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), sostuvo que Paraguay necesita una estructura energética confiable, condiciones tarifarias claras y seguridad jurídica para que las inversiones puedan desarrollarse.
“Se requiere un organismo regulador y en forma urgente”, señaló Duarte, quien además advirtió que el país necesita comenzar cuanto antes las inversiones en generación.
US$ 11.000 millones para acompañar el crecimiento
La dimensión económica de la reforma se refleja en las necesidades de inversión proyectadas para el sector. Según los datos presentados durante el encuentro, Paraguay podría requerir alrededor de US$ 11.000 millones en los próximos 13 a 15 años para ampliar la infraestructura energética y acompañar el crecimiento de la demanda.
El monto incluye la necesidad de sumar nuevas fuentes de generación y desarrollar infraestructura de transmisión y distribución. Para los referentes del sector, el desafío consiste en crear las condiciones para que ese capital pueda provenir tanto de inversores nacionales como extranjeros.
Cecilia Llamosas, especialista en energía y tecnología, destacó que fortalecer la institucionalidad será fundamental para atraer de manera sostenida capital y tecnología internacional.
La preocupación por la disponibilidad futura de energía también fue planteada por Fabián Cáceres, quien consideró prioritario incorporar nuevas fuentes de generación. El mensaje compartido por varios de los participantes fue que la abundancia energética que caracterizó históricamente al país no garantiza por sí sola la capacidad necesaria para sostener el próximo ciclo de crecimiento.
La dimensión de la reforma quedó reflejada en la intervención de Guillermo López Flores, referente del sector con 55 años de trayectoria. El especialista consideró que la propuesta representa un cambio de paradigma para el mercado eléctrico paraguayo.
La Ley 966, vigente desde hace 62 años, constituye actualmente uno de los principales marcos jurídicos del sector. Para López Flores, la creación de un nuevo esquema institucional representa el primer cambio estructural de fondo después de décadas de modificaciones consideradas menores.
El Gobierno plantea que este proceso no termina con la presentación de los proyectos. La propuesta será sometida a debate y posteriormente deberá ser analizada por el Poder Legislativo.
El objetivo final es construir un mercado energético con mayor previsibilidad, atraer inversiones y preparar al país para una demanda creciente. Con una necesidad estimada de US$ 11.000 millones de inversión en los próximos 15 años, el nuevo Ministerio de Minas y Energía aparece como una de las piezas centrales de la estrategia para convertir la energía en infraestructura, industria y crecimiento económico.