“Les pedimos que suspendan la puesta en vigencia de esta ordenanza por un plazo de 90 días. Y durante este tiempo debatir y sugerir algunas modificaciones que hagan viables la prestación del servicio de las plataformas. De esta manera, buscamos un punto de equilibrio que no dañen los intereses de terceros, como podrían ser los taxistas, en este caso”, afirmó.
Para Duarte, el punto más llamativo de esta ordenanza es que se exige que los conductores tengan un registro de conducir categoría profesional A, que normalmente se otorga a los conductores de transporte público o a los conductores de camiones de carga.
Otra medida que consideran limitante es que los conductores no pueden subir a pasajeros a 100 metros de una parada de taxi, además deben contar con una vestimenta formal y tener un mínimo de 24 años y seis años de experiencia en la conducción.
“Si se modifica ese punto del registro –registro categoría A– automáticamente se deja sin efecto la limitación de edad. En el caso de Asunción hubo una situación similar, que logró solucionarse, por eso tenemos esperanzas de que en este tiempo de suspensión podamos obtener buenos resultados. Pero, aún estamos aguardando la respuesta a nuestra solicitud de suspensión”, manifestó.
“Si la ordenanza no se modifica en los puntos polémicos, y no se logra un acuerdo con la Junta Municipal en este periodo de tiempo, el siguiente paso será recurrir a instancias judiciales”, confirmó el asesor.
Por último, Duarte declaró que lo importante es no alentar a prácticas monopólicas e incentivar la libre competencia, tal como establece la legislación.