Según Gelay, los bonos verdes son un instrumento de financiación, que pueden ser emitidos por instituciones públicas o empresas privadas, siempre y cuando la finalidad de la emisión guarde relación con un proyecto sustentable.
Los fondos deben considerar aspectos sustentables en su estructura o incluso ser completamente sustentables en su presentación, añadió.
Además, se amplían las exigencias para que los bonos sean parte de esta categoría, y estos se suman a los requisitos convencionales del mercado bursátil. “No obstante, cada país define los requisitos adicionales que un emisor debe cumplir”, agregó.
“Lo fundamental para esta categoría es demostrar que el fondo captado a través del instrumento será aplicado en un proyecto verde. Por ejemplo, este puede estar relacionado a energías renovables, con la instalación de plantas solares, sistemas que permitan el ahorro de energía eléctrica, la instalación de parques eólicos, o con el manejo adecuado de residuos, que ayudarán a reducir la contaminación”, afirmó.
Pero esto no se limita a un sector específico, ya que todos los segmentos pueden ser beneficiados con una adecuada reglamentación, e incluso su desarrollo ayudará a que se creen estructuras empresariales e industriales acordes a las nuevas tendencias globales, apuntó el economista.
“El interés en este instrumento viene creciendo en los últimos años, y no se detendrá según las proyecciones manejadas. Ofrece una forma de financiación interesante, a un segmento que busca mejorar las formas de hacer las cosas”, sostuvo.
Datos
Estadísticas mundiales del mercado de bonos ESG (Environmental, Social & Governance), estiman que por medio de este instrumento se financiaron proyectos por valor de US$ 250.000 millones, en todo el mundo.
Esta cifra está unos US$ 80.000 millones por encima del movimiento registrado en 2018.