“Particularmente no veo que sea una reforma, son ajustes más que nada, que eran necesarios en algunos puntos. Existen ajustes bastante interesantes como el caso del Régimen Simplificado para Medianas Empresas (Simple) y el Régimen Simplificado de Pequeñas Empresas (Resimple) que simplifican los procesos para que pequeñas o medianas empresas –que no forman parte del sistema– puedan sumarse al sector formal”, mencionó Jorge Garicoche, de Investigación para el Desarrollo.
En estos casos, más que ser un régimen recaudador, se enfoca en ingresar a las personas al sistema formal, según Garicoche, para que estas puedan, a su vez, acceder a los productos financieros de su interés y contar con un historial financiero, además de fomentar una cultura de legalidad.
“No me parece oportuno llamarlo un impuestazo, y en cuanto al momento en el cual se da, porque muchos dicen que no se considera que estamos en una época de recesión, pero deben entender que en este caso no es que se promulga y entra en vigencia la ley, sino que tiene su proceso de adaptación”, explicó Garicoche.
Probablemente tendría vigencia recién en 2021, “así que son bases estructurales y no coyunturales”, expresó.
Indicó que la presión fiscal pasará de 9,9% a 10,9% por ende no existirá un descalabro estructural en ningún rubro, porque a pesar de esta modernización Paraguay se encuentra entre los países con menor presión tributaria de la región.
Sobre esto, el economista Julio Rojas, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), mencionó que nos encontramos rezagados a nivel regional, por debajo de Perú con 13,3%, Colombia con 17%, Chile con 18% y Bolivia con 18,4%. Mientras que los países con más presión tributaria son Uruguay con 21%, Brasil con 23% y Argentina con 23,4%.
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Ambos especialistas consideran que la gente paga en calidad de lo que recibe, porque si los contribuyentes ven los beneficios en su vida cotidiana entenderán los beneficios de pagar impuestos, por las reformas eventuales en materia de educación, salud e infraestructura o mejoramiento del gasto público.
“En ciertos sectores se está teniendo una mejora en el gasto público desde hace un tiempo. En infraestructura, por ejemplo, se elevó de US$ 150 o 200 millones a casi US$ 1.000 millones de presupuesto anual, incluso teniendo en cuenta la gran brecha que falta, se quintuplicó o más la inversión”, afirmó Garicoche.
Esta reforma significará un ingreso extra de entre US$ 250 a 300 millones para el gobierno.
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
Para Rojas, el ISC no es un régimen que busca recaudar sino pretende aminorar el consumo de productos perjudiciales para la salud, para evitar enfermedades en los ciudadanos y, a su vez, reducir los gastos médicos de tratamientos o procedimientos derivados por el consumo de estos productos.
“A nivel Latinoamérica, podemos ver que este régimen no disminuye considerablemente el consumo, ya que los consumidores se van ajustando a esta modalidad, optando por gastar en bienes más económicos, pero de la misma categoría (cigarrillos, alcohol, bebidas azucaradas)”, dijo Rojas.
Entonces, al momento de hablar de un 24% o 27% al impuesto al tabaco, no existe una diferencia abismal, expresó Rojas.
Agronegocios
“Esta situación viene desde hace tiempo, el Ministerio de Hacienda establece una categorización para lo que denomina industria, que está sujeta a devolución del IVA cuando exporta. En el sentido de que no es justo exportar valor agregado, porque se resta competitividad y al cargar finalmente impacta en el precio. Y como se dice no podemos exportar impuestos, entonces se devuelve el IVA a la industria que la generó”, señaló Garicoche.
Las agroindustrias dicen “nosotros somos industrias, estamos en esa categoría y el Ministerio le dice que dentro de las clasificaciones que existen en el mundo, el hecho de recolectar un grano, hacerlo pasar por una prensa y un líquido, para que se convierta en aceite, es básicamente un proceso natural y no contiene las sofisticaciones requeridas para ingresar en esta categoría. Ese es el quid de la cuestión, –según Garicoche– pero si deben estar o no en esta categoría, es algo que deberían manejar los especialistas y autoridades”.
“Según los agroindustriales la medida de no devolverles el IVA es discriminatoria, porque a todos los sectores exportadores se le devuelve el 100% del IVA, entonces cuestionan por qué no hacen lo mismo con el sector”, complementó Rojas, que además añadió que se les estaría cobrando también bajo el régimen de Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades (IDU).