La resolución fue criticada no solamente por su impacto económico, sino también por la falta de un proceso participativo. "No hubo un debate previo con las partes interesadas, lo cual es esencial en la toma de decisiones de esta magnitud", añadió Arriola. Cabe destacar que esta industria ya había sufrido un aumento tarifario del 60% en 2022.
El impacto de esta medida no se limita a las empresas de criptominería, sino que también afecta al clima de inversiones en Paraguay. Arriola señaló que medidas como esta generan desconcierto y desalientan a cualquier inversor que tenga intenciones de invertir a largo plazo, especialmente aquellos cuyo modelo de negocio depende en gran medida del precio de la energía.
Las empresas de minería de activos virtuales contribuyeron significativamente a la economía paraguaya: hasta la fecha, invirtieron US$ 538 millones en infraestructura y servidores, generando US$ 70 millones anuales en impuestos aduaneros, y aportado US$ 49 millones en garantías a la ANDE. Además, su consumo de energía representa US$ 224 millones al año y generan US$ 19 millones en IVA anualmente.
La cámara indica que, en términos de empleo, este sector genera aproximadamente 1.170 puestos directos y el doble en empleos indirectos, dinamizando la economía local. Asimismo, promueve la transferencia de conocimientos y tecnología en el país, ofreciendo oportunidades de formación en materias tecnológicas y de alto valor añadido.
La cámara advierte que, con esta medida, muchos "mineros" cerrarán sus empresas, lo que podría relegar a Paraguay de ser uno de los principales actores en la minería de criptomonedas a ser un participante secundario o, incluso, irrelevante en este sector.
"Ante esta situación, la Cámara Paraguaya de Fintech insta a las autoridades a reconsiderar la resolución y abrir un diálogo inclusivo y constructivo con todos los actores involucrados", aseveró Arriola, quien dijo que es necesario encontrar soluciones que beneficien a todos y que fomenten el crecimiento y la inversión en el país.