Futuro de obras públicas: Para llegar a la meta será esencial aliarse con el sector privado

El Ministerio de Economía y Finanzas dio un primer paso importante para planificar el futuro de las obras públicas en el país. A través de un taller de socialización, presentó las bases del Plan Nacional de Infraestructura (PNI), que busca convertirse en una hoja de ruta para decidir en qué proyectos invertir y cómo hacerlo de manera estratégica en los próximos años.

El viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, fue el encargado de abrir la reunión y explicar los objetivos centrales del plan. “El PNI quiere dar previsibilidad y confianza, tanto al sector privado como a las instituciones públicas”, afirmó. Según explicó, se trata de planificar a mediano plazo para asegurar los recursos, ordenar la cartera de proyectos y evaluarlos según el impacto real que tendrán en la economía y en la vida de las personas.

El viceministro fue claro al señalar que el Estado no puede financiar toda la infraestructura pública únicamente con su presupuesto. “Por eso es clave promover alianzas con el sector privado”, remarcó. El plan busca, justamente, identificar proyectos que sean viables y atractivos para la inversión privada, garantizando al mismo tiempo que los servicios lleguen a la ciudadanía de manera eficiente y a costos razonables.

Durante el taller, que contó con la participación de diversas instituciones públicas, se trabajó en validar la visión y los objetivos estratégicos del PNI. Todo este esfuerzo está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050. Se conversó sobre el alcance del plan y su marco legal, destacándose que se trata de una herramienta para orientar la inversión, priorizando proyectos que mejoren la conectividad y el bienestar de la población.

Los ejes principales del plan se estructuran en dos grandes pilares. Por un lado, la conectividad, que apunta a obras que unan a las personas y los mercados, con especial énfasis en logística y energía. Por otro, el bienestar, que se enfoca en infraestructura de servicios públicos para mejorar las condiciones de vida, como agua potable, saneamiento y salud.

También se discutió cómo se priorizarán los proyectos. Se revisaron las condiciones mínimas que deben cumplir y se propusieron criterios e indicadores para asignarles un puntaje, buscando siempre seleccionar aquellas iniciativas con el mayor impacto posible.

Finalmente, se presentó el enfoque territorial del plan. Esto implica que no se analizará al país de manera homogénea, sino que se identificarán macrozonas o regiones clave, agrupadas según su actividad productiva, dinamismo económico y situación social. La idea es orientar las inversiones de acuerdo con las fortalezas y necesidades específicas de cada territorio. En las mesas de trabajo, los participantes pudieron dejar por escrito sus inquietudes y sugerencias para seguir ajustando la propuesta.

El plan comienza a diseñarse en un momento complejo para el Gobierno, teniendo en cuenta que la relación con las empresas constructoras se volvió tensa debido al saldo de deuda que mantiene el Estado con el sector.

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