¿Sensación de inseguridad o realidad? Entre 2020 y 2021 la cantidad de homicidios a nivel nacional creció 11%, pero este crecimiento se distribuyó de manera irregular en algunos departamentos donde subieron de manera desproporcionada. Por ejemplo, en Asunción aumentó 62%, en Canindeyú, 52%, en Concepción, 70%.
Como se ve, no es solo Amambay o Pedro Juan Caballero, y lo ocurrido en San Bernardino no puede ser tomado como un hecho aislado, por más de que el lugar, la ocasión y las víctimas les hayan conferido al hecho una trascendencia mediática y un impacto en la sociedad no vistas anteriormente.
“Esto nos habla del aumento de la empresa criminal vinculada al crimen organizado, tráfico de cocaína específicamente, que es lo que produce muertes, porque hoy tenemos más democratizado el mercado criminal, hay más actores, más patrones y todos ellos resuelven sus problemas con violencia letal”, afirmó Juan Martens, investigador de la Universidad Nacional de Pilar y doctor en criminología.
En enero se produjeron 25 casos de muertes vinculadas al sicariato, marcando un nuevo récord negativo y superando en dos episodios a octubre de 2021, el anterior mes con mayor número de asesinatos por encargo.
“Cuando este tipo de sucesos se acerca a Asunción se genera otro tipo de reacción y nos conmociona; además de que lo ocurrido en San Bernardino pasó en un ambiente público, frente a 15.000 personas, tuvo como una de las víctimas a una persona muy conocida, muy querida. Esto suma elementos fríos para mostrarnos algo que no es nuevo”, manifestó Yan Speranza, rector de la Universidad San Ignacio de Loyola y expresidente del Club de Ejecutivos.
Cómplices
Speranza agregó que este es un paso más, una consecuencia más de un problema que se viene incubando y no se trata con la celeridad y seriedad que merece; a su vez Martens aseguró que el crimen organizado no funciona sin cooperación o cooptación institucional, y que al igual que lo que sucede en otros países de América Latina, opera en simbiosis con el poder político.
“Así se explica por qué alguien mata frente a 15.000 personas y no es detenida, cómo llegan personas con orden de captura tras recorrer 600 kilómetros desde Pedro Juan hasta San Bernardino; y se explica por qué el 90% de los sicariatos queda impune. Porque todo el aparato del Estado está al servicio de esta empresa con distintos actores, donde el poder político actúa no solamente como protector sino como facilitador”, destacó Martens.
Speranza coincidió en que el crimen organizado se está infiltrando en la política porque es una forma de conseguir protección y de continuar con los negocios en un determinado territorio. “Cuando estoy infiltrado en la política, si financio una campaña, me tenés que devolver el favor. Y muchas veces devolver el favor es sencillamente no ver lo que está ocurriendo, o modificar en la computadora y eliminar la orden de captura internacional”, aseveró.
Martens señaló que es muy costoso para la economía vivir en una sociedad violenta con altas tasas de homicidio. “No podemos aún precisar el costo en términos absolutos de guaraníes o dólares, pero sí que es muy alto porque desestructura proyectos de vida y familia. Si le sumamos la cantidad de suicidios que ocurrieron el año pasado, 421, estamos hablando de 1.000 muertes traumáticas en 2021 y con una repercusión muy grande en proyectos familiares”, indicó.
Para Speranza, cuando existe inseguridad no solamente jurídica sino también física, se ahuyenta a inversores. Y remarcó que Paraguay necesita imperiosamente atraer inversiones, pero aún con las condiciones favorables que posee, como energía limpia renovable, población joven, y otras ventajas, si no hay un manejo de la seguridad en sentido amplio, jurídica y física, el país no lo va a lograr, y se va a perder una gran oportunidad.
Sin planes
“No veo un plan a corto plazo. Lo que dijo Marito es que esto va a seguir ocurriendo. Necesitamos una voluntad política y órdenes precisas para que paren la corrupción policial y la infiltración institucional. Si no, esto seguirá en aumento, porque es muy fácil y muy barato volverse parte de algunos de estos clanes”, dijo Martens.
Por su parte, Speranza mencionó que para empezar a revertir esta situación debe haber una decisión política al más alto nivel. “Esto implica tomar las riendas del asunto, cortar cabezas si hay que cortar, empezar a modificar, pedir apoyo a otras organizaciones, tomar la decisión de hacer la reforma de la policía, de los sistemas de seguridad. No va a ser mágico ni inmediato, pero hay que dar una señal de que se está haciendo, y eso tampoco tenemos. No hay señales de que se va a hacer algo”, sentenció.