El presidente Santiago Peña confirmó que este paquete legislativo se enmarca en el proceso de reforma del Estado iniciado el año pasado y será enviado al Parlamento la próxima semana. En una conferencia en Mburuvichá Róga, los ministros Carlos Fernández Valdovinos (Economía y Finanzas) y Javier Giménez (Industria y Comercio) detallaron los principales ejes de la iniciativa.
Uno de los componentes más destacados es la actualización de la Ley de Valores, con la cual se busca consolidar la integración de la Comisión Nacional de Valores (CNV) dentro del Banco Central del Paraguay (BCP), institución que desde 2022 actúa como su superintendencia. “El objetivo es adecuar el marco legal para que el país pueda aprovechar plenamente el grado de inversión alcanzado”, indicó Fernández Valdovinos.
Otro eje central del paquete es la modificación de la Ley 6977/2022, para permitir la participación del sector privado en el mercado energético. Según explicó el ministro, esto permitirá al país prepararse ante un eventual crecimiento del consumo de energía, en un contexto donde se proyecta una mayor industrialización y se avanza en la planificación de grandes obras como el Gasoducto Bioceánico.
Justamente este punto generó cuestionamientos desde el sector energético. Eduardo Viedma, presidente de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER), expresó su preocupación por la falta de claridad sobre la implementación de la ley de energías renovables. “No se puede hacer nada sin conocer el precio al que la ANDE comprará la energía generada por privados. Ese valor es clave para determinar el retorno de inversión”, sostuvo.
Viedma también señaló que la intención de trasladar el Viceministerio de Minas y Energía al Ministerio de Industria y Comercio responde, en gran medida, al interés del gobierno en que ese despacho coordine directamente la ejecución del proyecto del gasoducto. “Si se muda con el presupuesto y la infraestructura actual, no va a tener ningún cambio real. Desde la APER apoyamos la creación de un Ministerio de Energía, que dé al sector la autonomía y capacidad técnica necesarias”, remarcó.
En contrapartida, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, manifestó su respaldo al paquete legislativo. “El conjunto de reformas contempla aspectos clave como la reestructuración institucional, la modernización del régimen de incentivos a la inversión, la promoción de energías renovables con participación privada y un nuevo régimen para el ensamblaje de productos electrónicos”, detalló. Duarte destacó además que el gremio participó del proceso de elaboración de algunos de los proyectos, aportando observaciones técnicas en espacios de diálogo institucional.
Otro de los puntos incluidos en el paquete es la modernización de la Ley 60/90, que busca seguir atrayendo inversiones mediante beneficios fiscales. La novedad principal es que los inversionistas paraguayos que usen este régimen no pagarán el impuesto a la distribución de utilidades, siempre que se trate de proyectos de gran escala. Además, se permitirá que los bienes importados bajo esta ley constituyan fideicomisos como garantía para acceder a financiamiento, y se incorporarán actividades vinculadas al turismo entre los rubros elegibles.
Sobre la Ley de Valores, el presidente de Cadiem Casa de Bolsa, César Paredes, se limitó a decir que ellos participaron activamente del proceso de discusión de la ley; sin embargo, desconocen cuál es la última versión que se presentará. Recordó que, como empresa, hicieron una serie de sugerencias, pero tampoco hubo una postura unificada de todos los actores del mercado de valores.
Por su parte, el ministro Javier Giménez explicó que la Ley de Maquila también será modificada, con la incorporación de la modalidad de maquila de servicios. “La idea es generar empleo de alta calidad para jóvenes, que puedan trabajar desde Paraguay para empresas globales. Esto representa una oportunidad para profesionalizar y retener talento nacional”, afirmó. Actualmente, las empresas maquiladoras pagan apenas un 1% de impuesto.
También se anunció un nuevo régimen de ensamblaje de productos electrónicos, eléctricos y digitales, como parte de una estrategia de diversificación productiva. Según el Ejecutivo, esta ley fomentará la instalación de nuevas industrias complementarias a los sectores ya desarrollados en el país y demandará una alta utilización de mano de obra local.
A nivel institucional, se prevé la fusión de varias entidades estatales: el Ministerio de Industria y Comercio absorberá al Viceministerio de Minas y Energía y a la Secretaría Nacional de Turismo, mientras que la Secretaría de Repatriados pasará a depender del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estas fusiones forman parte del plan de racionalización del Estado impulsado por el gobierno desde el inicio de su mandato.
En el plano internacional, Giménez destacó la relevancia de estos cambios para cumplir con compromisos asumidos en el Mercosur, como la participación de Paraguay en el proyecto del Gasoducto Bioceánico del Chaco, que se conectará con el yacimiento de Vaca Muerta en Argentina. “La Ley de Energías Renovables es fundamental para dar viabilidad a esa integración energética regional”, señaló.
Desde el Ministerio de Economía se insiste en que este conjunto de normas tiene un enfoque integral y de largo plazo. “Son reformas que buscan construir una economía más competitiva, diversificada y capaz de generar empleo formal”, expresó Valdovinos. El Ejecutivo espera que la presentación de los proyectos ante el Congreso marque el inicio de un debate técnico y constructivo que permita su aprobación en los próximos meses.
Mientras tanto, sectores como la APER y expertos en política energética seguirán insistiendo en la necesidad de discutir con mayor profundidad los detalles de las leyes relacionadas con la electricidad y el gas. “No se trata solo de abrir el mercado al capital privado, sino de garantizar una planificación coherente, transparente y con visión de futuro”, advirtió Viedma.
Con estas reformas, el gobierno de Peña busca consolidar una agenda económica de corte liberal, con fuerte énfasis en la atracción de inversiones, la modernización normativa y la racionalización institucional. El desafío será lograr consensos políticos y sectoriales para materializar estos cambios sin generar desequilibrios en sectores sensibles como la energía o el mercado laboral.