Mala utilización de prisión preventiva cuesta al Estado G. 3.853 millones por mes solamente en comida

(Por Diego Díaz) Según cálculos realizados con investigadores del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Paraguay (Inecip-Py) el Estado desembolsa G. 3.853.080.000 mensuales en alimentos para todas las personas privadas de libertad bajo el régimen de prisión preventiva, que en total suman 11.676 a nivel país.

Para determinar esta cifra se utilizó datos oficiales del Ministerio de Justicia y el precio de la comida diaria, G. 11.000 por persona, un monto facilitado por Inecip-Py. Por lo tanto, las cifras calculadas son estimativas. Si hacemos una distinción por género, dentro de las 18 penitenciarías que tiene Paraguay existen 11.079 internos varones procesados, para quienes se destina G. 121.869.000 en comida por día, mientras que a las 597 mujeres procesadas, a nivel nacional, se les destina diariamente G. 6.567.000.

Asimismo, de los G. 3.853.080.000 gastados al mes, G. 998.910.000 corresponde a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, la cual posee 3.027 personas con prisión preventiva.

Para Juan Martens, doctor criminología de Inecip-Py, la prisión preventiva está prevista “para personas que tienen una manifiesta intención de escaparse durante el proceso judicial u otras situaciones excepcionales, sin embargo, en la actualidad la fiscalía no realiza las investigaciones pertinentes y opta directamente por dejar en la cárcel a aquellos que aún están en proceso de juicio”.

La Constitución Nacional en su artículo 19 indica que “la prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio. En ningún caso la misma se prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para igual delito, de acuerdo con la calificación del hecho efectuada en el auto respectivo”. Según Martens, debería regir solamente cuando las personas cometieron abusos sexuales graves, violaciones, grandes estafas o asesinatos en masa.

En cuanto a los demás casos, Martens mencionó que debe respetarse el criterio de que las personas en prisión sean las que tienen una condena y también cumplir con las instancias como el juicio oral y público.

Por su parte, Roque Orrego -investigador de Inecip-Py- agregó que, según datos manejados, el 74% de la población penitenciaria está bajo el régimen de prisión preventiva y el 82% de los presos de Tacumbú son procesados prevenidos. “Otros sistemas procesales muy parecidos al de Paraguay tienen resultados muy distintos, como por ejemplo el de Guatemala, que en el 2013 tenía 50,3% de personas con prisión preventiva, Chile contaba con 20% y Costa Rica con 25%”, afirmó Orrego.

Con respecto a la posición mundial de Paraguay en cantidad de presos sin condena, un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura determina que el país se encuentra en cuarto lugar a nivel global en proporción. Cabe mencionar que las personas que ingresan bajo este régimen permanecen en condiciones inhumanas, aseguró Orrego, que a la vez crea un clima para que se acentúe la marginalidad y la criminalidad.

Resoluciones

Orrego recomendó algunos lineamientos que el Gobierno debería tener en cuenta a la hora de repensar el sistema penitenciario y lo que está en torno a los problemas que se conjugan, como políticas sociales que generen mayores oportunidades en el mercado laboral, mayor acceso a la educación, crear más espacios de socialización y tratar de forma distinta problemas como el microtráfico, erradicar la persecución penal, mejorar el funcionamiento de las salidas alternativas previstas por el Código Penal y elaborar programas de tratamiento a las personas que cometieron hechos punibles enfocados en temas económicos, de género y sobre la violencia.

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