Cáceres –quien renunció a su puesto en la Ande tras la aprobación del Acta Bilateral–manifestó que el foco no debe estar en la privatización o no de la distribución de energía, sino en la capacidad de gestión del modelo actual, el cual requiere de mayores recursos económicos y humanos. Además, apuntó que beneficios como la tarifa social o las exoneraciones que se realizaron durante los últimos meses “no podrían haberse ejecutado bajo un modelo privado”, agregó.
“El sistema eléctrico necesita inversiones que el sector privado no hará”
Cáceres sostuvo que para paliar los problemas de distribución de electricidad, desde el 2017 se iniciaron gestiones para que la Ande obtenga créditos, se aprobaron en 2018 y en 2019 se inició el proceso de sustitución de los cables y refuerzos de los transformadores. “Estamos hablando de una inversión en el orden de los US$ 450 millones que está en proceso, pero la implementación tuvo problemas por las restricciones sanitarias y por eso se culminará en el 2023”, mencionó.
Según Cáceres, la Ande utiliza todos sus recursos para infraestructura porque los costos son altos, ya que se trae la energía desde las binacionales hasta el área metropolitana, donde se concentra el 80% del consumo. Aparte, detalló que desde 1990 la entidad realiza transferencias al Estado, las cuales fueron de alrededor de US$ 20 millones en los últimos años.
“Actualmente hay muchos lugares a donde se lleva la energía eléctrica a pérdida, lo cual no será posible con un modelo privado”, subrayó. Cáceres consideró que localidades como el Chaco central o en el norte tendrían tarifas más altas por la necesidad de que las empresas privadas adquieran recursos para la inversión en infraestructura.
¿Por qué la tarifa podría aumentar?
El ingeniero se planteó si en el hipotético caso de que se privatice la distribución de electricidad, todos los clientes podrían pagar por el servicio. “De los 1.650.000 clientes que tiene la Ande, el 80% paga menos de 300 kWh al mes (G. 110.000 aproximadamente) y son personas con menores ingresos. Como las tarifas son el único ingreso genuino, se sincerará e incrementará en 60% sin incluir lo que corresponde a la inversión en infraestructura”, afirmó Cáceres.
Tras las comparaciones entre la distribución de energía de la Ande con la gestión de empresas privadas de distribución como Clyfsa –distribuidora de Villarrica-, Cáceres opinó que la cantidad de usuarios con los que operan cada empresa no tiene punto de comparación. Asimismo, recordó que Clyfsa apeló ante la Justicia cuando se aprobó el Pliego 21 (que aumentó las tarifas en 2017) y consiguió mantenerse en el Pliego 20, por lo cual sus usuarios pagan el 60% del costo de la energía y generan una pérdida de US$ 2 millones al año a la Ande.
Caso pandemia: con modelo privado no habría exoneraciones
“El Gobierno decidió subsidiar el consumo eléctrico de todos aquellos que consumen 500 kWh al mes, casi G. 250.000. Esa gente, hasta el consumo de agosto, no pagó un guaraní y los usuarios de mayor consumo tuvieron la oportunidad de fraccionar las cuotas sin intereses” apuntó Cáceres. Además, agregó que la Ande suspendió los cortes hasta este mes, lo que hizo que probablemente sea la única entidad a nivel regional que tomó medidas tan integrales.
Todas las medidas mencionadas poseen un costo y al cierre del año se encontrará con saldo rojo en el ejercicio, porque la moratoria aumentó y no se cobran intereses. Cáceres expuso que todas las decisiones que el Gobierno tomó se concretaron porque la Ande es propiedad del Estado y no posee como finalidad el lucro.
Más inversión en capital humano
Cáceres añadió que la Ande actualmente opera con técnicos por debajo de la mínima, 5.000 funcionarios atienden el servicio de energía eléctrica de todo el país las 24 horas. A diferencia de otras como La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) de Uruguay, donde la relación entre funcionario por usuarios es uno por 150 usuarios, la Ande tiene un funcionario por 400 usuarios.
“Por dar un ejemplo, la Municipalidad de Asunción tiene más de 8.000 funcionarios y solamente se encarga de brindar servicios para una ciudad. Los funcionarios de la Ande se encargan de la generación, transmisión, transformación, distribución, comercialización y soporte en todo el país”, argumentó. Por último, aclaró que la industria eléctrica depende demasiado de los recursos humanos para el mantenimiento y la atención de reclamos, por lo tanto, a los costos de inversión en infraestructura habría que sumarle los costos en capital humano que se requieren para atender urgencias como la causada por las tormentas del fin de semana.