“El 69% de las empresas no tienen RUC, esto da la pauta de las dificultades que surgieron en la economía subterránea por la pandemia, ya que los ingresos reducidos incidieron en la reducción de los colaboradores, y muchos de estos posiblemente no hayan podido acceder ni a los subsidios del Gobierno, al no estar inscriptos en el sistema formal", afirmó.
Además, Acha recordó que solamente 3 de cada 10 paraguayos trabaja en el sector formal, y “estuvo medianamente protegido ante casos como una suspensión temporal o rescisión de su contrato laboral”, añadió.
Ante las nuevas restricciones, “las empresas formales están optando por retener sus inversiones y volver a la tendencia de suspender los contratos de forma provisoria”, manifestó.
Para Acha, se debe priorizar que las empresas legales trabajen con los debidos protocolos, en sus respectivos horarios, aplicar controles estrictos en actividades de mayor índice de contagios y desburocratizar todos los procesos.
De modo contrario, “el formal pasa al sector informal y sigue operando con normalidad, perjudicando los ingresos del fisco y de sus competidores en blanco”, consideró.
"Aún no tenemos proyecciones exactas de lo que pueda acontecer, pero si en el informe pasado hablamos de un 46% de la economía subterránea y este año la gente suspendida o cesada no dejó de trabajar, sino que empezó a hacer lo que estaba a su alcance para subsistir. Entonces, por un lado, vemos que el tema del contrabando está en auge por esto y porque tenemos una moneda devaluada en Argentina y Brasil", reconoció.
El 46% del PIB equivale a US$ 16.000 millones, que representa un fondo más importante que el Presupuesto General de la Nación, “que mueve algo como US$ 13.000 millones”, expresó.
Los rubros con más movimiento son el textil, alimentario, artículos de limpieza, entre otros, acotó.
"No basta con inscribir a las personas al sistema tributario, se debe ofrecer beneficios como el acceso a créditos a plazos y cuotas razonables para trabajar, y no al usurero que le cobra un interés del 100% sobre el dinero prestado. La persona que hace empanadas presta G. 50 mil a las 5:00 y al terminar su jornada tiene que devolver G. 100 mil, y tienen que existir entidades financieras que presten estos montos diarios para evitar este movimiento en negro", expresó.
El censo nacional costará US$ 5 millones y se realizará en el 2021, según Acha. Por esto, es necesario realizar preguntas correctas y que los resultados empiecen a formar parte de una planificación estratégica de corto, mediano y largo plazo, para contrarrestar el movimiento subterráneo cada año.