Finalmente, Ovelar solicitó retirar su proyecto, pero ¿cuál era la finalidad de la propuesta de Ovelar? Según el gerente de prestaciones del IPS, Pedro Halley, la reducción de los aportes disminuyó en razón de US$ 500 millones entre marzo y mayo, lo que corresponde al 43% de los ingresos regulares percibidos antes de la pandemia. Tal reducción es consecuencia de una fuga de 350.000 cotizantes aproximadamente.
Con la reducción de los ingresos, el IPS tiene dificultades para cubrir los gastos corrientes en salud, como el pago de funcionarios, insumos, mantenimiento y otros conceptos más, por eso el senador Ovelar -con aval del Consejo de Administración de IPS- pidió la aprobación de un proyecto que modifique el Decreto Ley Nº1860 para que se habilite de forma transitoria la utilización del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, crear un fideicomiso administrado por el IPS y que se preste el dinero al Fondo de Salud y al Fondo de Administración de la previsión.
El documento también solicitaba la inclusión del funcionariado público permanente, transitorio y contratado dentro del seguro de salud con un aporte de 5,5% del salario mensual percibido por parte del trabajador y 9% sobre el salario que el empleador (institución pública) debe pagar. No obstante, tras la resistencia de grupos sindicales, referentes de los medios de comunicación y la ciudadanía activa en redes sociales, el proyecto fue retirado.
“Lo único que queda es ver un préstamo nacional o internacional con alguna entidad financiera. Eso tiene grandes limitaciones legales que superar porque el BNF por carta orgánica no puede dar préstamos superiores a US$ 25 millones y el IPS necesita US$ 500 millones”, mencionó Pedro Halley, quien además aclaró que tampoco se podrá recurrir a préstamos internacionales y por lo tanto, lo que esperan desde la institución es que sean incluidos dentro de un plan de salvataje contemplado por la futura Ley de Reactivación Económica.
Al consultar a Halley si la reactivación económica podría hacer que los ingresos del IPS se regularicen, respondió que “es utópico pensar que los 350.000 cotizantes que salieron del sistema volverán de manera inmediata porque la recuperación será lenta y mientras tanto el IPS continuará atendiendo a sus asegurados, a los cesantes y suspendidos. En julio el fondo de salud tendrá problemas para cubrir los salarios del personal médico y medicamentos. Todo esto se podría cubrir invirtiendo los fondos jubilatorios garantizados por una fiducia con un plazo de devolución y tasa de interés rentables”, sostuvo.
Por otro lado, Halley resaltó que el sistema de jubilación de IPS mantiene sus fondos en bancos de plaza con un interés de 4% y si se realizaba la inversión en el fondo de salud iban a hacerlo con una tasa de 6% a 8%.
Otra alternativa
“El proyecto de Ovelar pretendía que el banco de plaza −en el que el fondo de jubilaciones tiene su dinero− preste al fondo de salud, sin embargo, los fondos destinados a la atención de la salud siempre son insuficientes para la cobertura que debe tener el instituto, por lo que no tiene capacidad de pago”, expresó el senador Jorge Querey. El legislador indicó que elaboró un proyecto para modificar la Ley Nº375/56 para que los trabajadores del sector público se vuelvan sujetos del seguro social obligatorio de forma progresiva con un plazo de cinco años, mientras se desarrolla mayor infraestructura.
La propuesta de Querey excluye a los funcionarios públicos electos y no electos de ser cotizantes de la caja jubilatoria y que permanezcan en sus actuales cajas, pero establece que aporten 9,6% por cada salario mínimo y que el Estado, por medio de Hacienda, pague otro 9,6% por cada salario.
“Lo que queremos discutir con los demás sectores políticos es que el funcionario público aporte el mismo porcentaje que aporta el trabajador del sector privado y vaya aumentando la recaudación a medida que el rango salarial sea más alto. De esta manera el trabajador de la función pública podrá asegurar a su cónyuge y a sus hijos como lo hacen actualmente los trabajadores privados”, apuntó Querey.
Otra medida incluida en el proyecto es que el Estado honre su deuda histórica de US$ 500 millones (aproximadamente) con IPS, en cuotas de US$ 10 millones con un pago inicial de US$ 50 millones en 2021. También prevé el redireccionamiento de US$ 125 millones que aparecen en el PGN para el hospital policial y militar y US$ 109 millones correspondientes a seguro de previsión de salud y subsidios de salud para funcionarios públicos.