El jueves 28 de marzo, diversos actores de la función pública y representantes de organismos como la Unión Europea y la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizaron la tercera fase del taller Estudio Multidimensional de Paraguay, que tuvo como tema el sistema de pensiones y las opciones de reforma.
En el evento, Bacigalupo explicó que este estudio multidimensional culminó las fases de evaluación inicial y de diagnóstico y recomendaciones, por lo que ahora resta elaborar el plan de acción. También indicó que la fragmentación del sistema de protección social y la baja cobertura por la exclusión de sectores y la baja formalidad son puntos centrales a tratar y detalló brevemente las características de la seguridad social en Paraguay.
“Uno de los sectores informales es el grupo de contratados públicos, ellos deben ser incluidos en la caja fiscal. Otro segmento excluido es el de los autónomos o independientes, que cuentan con un sistema de regulación voluntaria, pero en la práctica no funciona”, señaló Bacigalupo, quién, además, reveló que en la actualidad solamente 800 independientes están dentro del sistema de seguridad social, siendo que representan entre el 70% a 80% del sector económicamente activo.
Asimismo, aseguró que al aumentar la base contributiva, la inversión futura en subsidios crecerá exponencialmente. “En la actualidad, el subsidio para adultos mayores es de 35% del gasto social porque nunca se trabajó en una verdadera reforma del sistema de seguridad social, por eso estas personas no están jubiladas”, sostuvo.
Bacigalupo recalcó que mientras no se aumente la base contributiva, se seguirá trabajando de la misma forma y a largo plazo se generará un problema.
Otro grupo al que la ministra se refirió como excluido de la seguridad social fue el de los propietarios de las mipymes, quienes podrían ingresar al sistema mediante el monotributo o por la renta presunta, dos métodos que no están muy distantes a la realidad paraguaya.
“Hoy tenemos solamente al 22% de la población ocupada dentro del sistema de seguridad, estamos hablando de 850 mil personas, la mayoría de ellas en IPS y luego repartidas en las otras cajas previsionales”, contó Bacigalupo.
Entre algunas reformas legales que consideró útiles para la disminución de los índices de informalidad son la Ley de Inclusión de los Contratados Públicos, que debería coordinarse con el Ministerio de Hacienda porque dejarían de aportar al fisco; la creación de una ventanilla para las mipymes que quieran contratar bajo la figura del aprendiz, que exige el 60% del salario mínimo para la persona que trabaja bajo ese régimen; la Ley del Empleo Parcial, que calcula el pago por horario en base al salario mínimo y obliga a aportar a la seguridad social.
También recordó que las mipymes son las que más empleo generan, pero tienen el mayor porcentaje de informalidad, por lo que deben formalizarse, y esto se puede lograr ofreciéndoles incentivos especiales, según Bacigalupo.
Modelo acorde al contexto actual
“Para hacer una reforma de pensiones hay que saber de dónde venimos, dónde estamos y fundamentalmente a dónde vamos. Las condiciones en el momento de creación de nuestro sistema de pensiones eran absolutamente distintas a la actualidad, teníamos una economía de US$ 7 mil millones y menos diversificada, ahora poseemos una de US$ 40 mil millones y un mercado laboral distinto”, argumentó Carmen Marín, directora de estudios económicos del Ministerio de Hacienda, quien representó al Fisco en el taller.
Para Marín, es necesario fijarse en las condiciones demográficas de Paraguay para pensar un sistema de seguridad social y aprovechar que nuestro país está conformado en un 70% por personas menores de 40 años. “El 6% de la población está compuesta por adultos mayores de 65 años, eso se va a duplicar y más, esa es la tendencia. Entonces necesitamos pensar y reflexionar sobre este escenario”, acotó Marín.
Por otro lado, mencionó que el sistema del IPS y la caja fiscal conforman el 97% de los contribuyentes y ambas tienen problemas de sostenibilidad. En el caso de la caja fiscal, aclaró que tiene tres sectores que no pueden cubrir sus pasivos previsionales (aportar) y un déficit actuarial –imposibilidad de cubrir futuros pagos correspondientes a pensiones– del 27% del PIB, que son factores con implicancias a mediano plazo.
“El IPS es un sector que está en mejores condiciones, pero de igual manera se ve un déficit actuarial a mediano plazo de 15% del PIB más o menos. Hay que mirar los parámetros como la edad, los aportes y las cajas de sustitución para que reformemos el sistema según el contexto”, recomendó Marín.