Paraguay se encuentra ante la necesidad de invertir en infraestructura un monto que supera los US$ 15.000 millones. Sin embargo, el desafío no consiste solamente en conseguir recursos: también se deben considerar factores como la estructuración de proyectos financiables, la garantía de continuidad y la generación de condiciones que permitan a las empresas ejecutarlos sin quedar expuestas a una incertidumbre financiera que ponga en riesgo sus operaciones.
El informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contempla que el país necesita US$ 15.175 millones entre 2025 y 2030, con el objetivo de cerrar brechas en electricidad, telecomunicaciones, transporte, agua y saneamiento. El monto representa un promedio referencial de unos US$ 2.530 millones anuales durante este periodo.
El transporte concentra la mayor parte de las necesidades, con US$ 6.170 millones, seguido por agua y saneamiento, con un total de US$ 4.194 millones. La inversión también contempla US$ 2.450 millones para electricidad y US$ 2.361 millones para telecomunicaciones.
Para José Heisecke, presidente de la Capaco, las cifras representan oportunidades en sectores estratégicos para la actividad productiva del país.
Financiar las obras y sostener los contratos
La movilización de recursos conlleva la combinación de distintas fuentes de financiamiento. Desde la Capaco sugieren que algunas obras pueden sostenerse mediante los ingresos provenientes de los usuarios, mientras que otras necesitarán aportes públicos o pagos vinculados a la disponibilidad y calidad de los servicios.
“La garantía más importante es la credibilidad del Estado como contratante”, señaló Heisecke. El titular de la Capaco considera que los compromisos deben contar con respaldo presupuestario y cumplirse durante toda la vida del proyecto, a fin de facilitar el acceso a mecanismos de financiamiento que permitan atraer inversiones.
“Cuando una empresa ejecuta una obra y no cobra dentro del plazo contractual, se afecta toda su cadena: trabajadores, proveedores y subcontratistas”, advirtió Heisecke. A esto se suman mayores costos financieros y restricciones para asumir nuevos proyectos.
En ese contexto, la Capaco plantea transparentar los certificados pendientes y establecer cronogramas verificables para regularizar las obligaciones y, de esa forma, evitar la acumulación de nuevos atrasos.
La capacidad de las empresas paraguayas
Un programa sostenido de inversión en infraestructura puede generar empleos directos y ampliar la demanda de materiales, transporte, ingeniería y servicios vinculados a la construcción. Su impacto también se trasladaría a otros sectores mediante la reducción de costos logísticos, una mayor disponibilidad de servicios básicos y mejores condiciones para la actividad industrial.
Heisecke señala que las empresas paraguayas han acumulado experiencia en obras viales, hidráulicas, urbanas y de distinta complejidad. Esa base empresarial y profesional constituye un punto de partida para ampliar la capacidad de ejecución, aunque una expansión importante también requeriría capital de trabajo, acceso a garantías, equipos y capacitación.
El resultado, sin embargo, dependerá de la calidad de los proyectos y de su posterior mantenimiento. Para la Capaco, el impacto debe medirse en mejoras concretas, como menores costos de transporte, mayor seguridad vial, acceso a servicios y nuevas oportunidades productivas.
Una agenda que trascienda el presupuesto anual
Ante estos desafíos, la Capaco propone una programación plurianual que vincule cada obra con fuentes de financiamiento identificadas y calendarios de desembolso realistas. El objetivo es dar continuidad a los proyectos y reducir la incertidumbre tanto para el sector público como para las empresas que participan en las licitaciones.
La infraestructura, sostiene Heisecke, requiere una política de Estado que permita planificar más allá de cada ejercicio presupuestario y periodo de gobierno.
Con una necesidad estimada de US$ 15.175 millones para el periodo 2025-2030, el desafío para Paraguay no es solamente definir cuánto necesita invertir, sino también establecer cómo financiar, contratar y ejecutar esas obras de manera sostenida. La capacidad de convertir esa demanda en infraestructura operativa tendrá un rol clave para que la inversión se traduzca en productividad y oportunidades para el sector privado