Ayer la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que obliga al Poder Ejecutivo a utilizar los fondos sociales de las binacionales Yasyretá e Itaipú para la compra de medicamentos e insumos para el Ministerio de Salud. El presidente debe decidir sancionar o vetar la propuesta, que ya fue aprobada por Senadores.
"Todo lo que se inyecte en la cartera sanitaria es bienvenido, porque históricamente tenemos un atraso en inversión de infraestructura, de formación y de insumos médicos. No hay sistema perfecto, pero el nuestro hace que las personas gasten grandes sumas de dinero ante los problemas de salud, en el sector público o privado", afirmó.
Para Ramírez, el gran desafío se centra en cómo administrarán estos US$ 150 millones para la compra de medicamentos.
El problema central puede ser la lentitud y burocracia de los procesos de compra, y si no entra por la vía de la licitación, se tendrá una compra directa y allí se debe cuidar los detalles de transparencia, argumentó.
"El presupuesto de Salud para este año es muy reducido, por ejemplo, para materiales médicos quirúrgicos se presupuestó US$ 30 millones y para equipos de salud - laboratorios se presupuestó US$ 27 millones. El año pasado se presupuestó cerca de US$ 200 millones en estos rubros, y ahora se reduce a casi US$ 60 millones", manifestó.
Esto significa que una vez que se acabaron los fondos de los US$ 1.600 millones prestados en el marco de la Ley de Emergencia, el presupuesto se rige en base a los fondos propios y se evidencian como insuficientes, declaró.
Además Ramírez reconoció que sin vacunas “es incierto determinar cuánto tiempo durará este dinero, porque todo depende de la cantidad de contagios que se registren y cuántos requerirán medicamentos para vencer a la enfermedad”.
¿Será suficiente?
"Es una inversión moderada (US$ 150 millones), porque sin vacunación y con la gente ansiosa por generar ingresos, es viable que aumente la cantidad de internados que requieran de este fondo", sostuvo.
Para conseguir más fondos para el rubro de salud se debe aumentar la presión tributaria, según Ramírez, y aplicar el sistema de presupuesto por resultado, para saber qué proyectos dan resultados y ahí invertir los fondos disponibles.
“Se tiene que hacer un consenso nacional, porque al año se malgasta un 3% del PIB, que es más de US$ 1.000 millones. Algunos ganan mucho o ciertos proyectos terminan muy por fuera de los plazos establecidos, y todo esto genera ese desequilibrio”, concluyó.