El gobierno actual impulsó una serie de proyectos de ley para reformar el funcionamiento del Estado, entre ellos la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la ley de medidas extraordinarias para la administración financiera, la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y otras medidas. Para la gestión de Peña, los siguientes proyectos que ordenarán la economía local son la Ley del Servicio Civil y la reforma de la caja fiscal.
La mirada del FMI
Según el economista Fernando Díaz de Vivar es importante entender que el FMI mira a Paraguay porque cuentan con herramientas importantes para considerar el riesgo que generan eventos como el cambio climático, para que el país pueda cumplir con varios de los objetivos de estructura económica que se pueden alcanzar para tener una economía estable.
"El FMI percibe en Paraguay un esfuerzo por prepararse y evitar la afectación en el equilibrio de su balanza de pagos", aseveró. Díaz de Vivar recordó que en el pasado hubo sequías que generaron déficit y que afectaron a la economía, por lo que propone al Gobierno reformas estructurales que logren que el país sea resiliente.
A su criterio, el esfuerzo que hace el Gobierno en el marco de los acuerdos es ver cómo desde el MEF las organizaciones y organismos dependientes empiezan a medir su exposición a eventos de cambio climático.
"Ya vemos que la sequía se está volviendo mucho más fuerte y afecta a la producción alimentaria; y ahora también a la energética. Los excesos de lluvias también son un fenómeno que la gestión debe garantizar", reflexionó.
Díaz de Vivar dijo que el FMI propone ajustes en la política fiscal, modificaciones en el sistema impositivo, mantener la estabilidad del tipo de cambio, modificaciones en la gobernanza del BCP y ahora también capacidades para atender la pérdida de la biodiversidad.
El experto indicó que el FMI cuenta con líneas de crédito especiales para países que cumplan con los méritos requeridos y que anteriormente no recibían ningún tipo de beneficios del Estado por no existir retribución por cuidar el medioambiente.