El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva expresó oficialmente su intención de que, a partir de enero de 2027, la tarifa refleje únicamente los costos operativos de Itaipú. Este planteamiento ya se está traduciendo en acción legislativa, con la Comisión de Infraestructura del Senado brasileño debatiendo un proyecto de ley para limitar el precio de la energía a US$ 12 por kW (kilovatio).
El diputado Raúl Benítez, ingeniero eléctrico, añadió que, en Paraguay, por el momento, no hay ningún tipo de novedad al respecto. No obstante, adelantó que pedirá informes la próxima semana para saber cómo el país se moverá en eventuales negociaciones.
Benítez advirtió sobre las graves consecuencias de no actuar, señalando que el acuerdo vigente –que establece una tarifa de US$ 19,28 por kilovatio/mes para 2024/2026– fenecerá el año próximo. "Los gastos sociales, producto de la venta de excedente al Brasil ya 'morirán'. Lo ideal es que la tarifa pase a ser el precio de costo el año que viene", subrayó.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) también manifestaron a InfoNegocios que Paraguay usaría todo su excedente para el 2031, pero con las concesiones a criptomineras, industrias electrointensivas y data centers se adelantaría notablemente ese límite. "Capaz que en el 2027 nos quedaremos sin excedente, lo que significa que ya no habrá mucho que negociar", agregaron.
Especularon con que la agenda actual consiste en "negociar directamente con corporaciones estadounidenses y seguir la agenda de Marco Rubio, quien dijo que quería convertir a Paraguay en un hub energético para data centers de inteligencia artificial". Esta visión, según los dirigentes, coincidiría con el interés brasileño de bajar la tarifa, un punto que coincide con el acuerdo Peña-Lula.
Programas sociales que actualmente se financian con los recursos de la venta de energía, como "Hambre Cero" deberán cubrirse con ingresos del Tesoro si es que Itaipú deja de recibir los famosos fondos sociales.
Aunque el Gobierno prometió blindar desde el año pasado los fondos provenientes de la venta de excedente, “nunca se creó un mecanismo de transparencia que permita rastrear el destino de estos dineros”, opinó. Esta falta de claridad alimenta dudas sobre la capacidad de gestionar eficientemente recursos vitales para el desarrollo nacional. Dicha posición suele ser manifestada por empresas y gremios del sector privado, que consideran que el Estado debe mejorar la calidad del gasto para hacer del clima de negocios un espacio más atractivo para el inversor.