“Hemos decidido dar continuidad a este procedimiento del paro, pero como somos empresas que prestamos un servicio público, estamos enmarcados en una ley, por tanto, vamos a comunicar esta decisión y según lo establecido en dicha ley, existe un plazo de cinco días antes de proceder al paro. En estos días solicitamos al Estado que quite de circulación a estas empresas que están trabajando de forma irregular”, afirmó.
Ruiz Díaz mencionó que recientemente la línea 18 dejó de operar, pero todavía están circulando los colectivos de la línea 32 y los que hacen viajes internos. Ninguno de estos cuenta con la habilitación necesaria, según Ruíz Díaz, y se mueven en transportes de más de 30 años de antigüedad, “algo inadmisible y completamente fuera de las normativas actuales”, recalcó.
“Digo que es inadmisible que tengamos que deber US$ 70 millones por la renovación de nuestras flotas, y en contrapartida, esta gente viene a operar sin permiso, debiéndole más de US$ 5 millones al Banco Nacional de Fomento, que no tienen certificado de cumplimiento tributario, que no tiene un solo chofer inscripto en el Ministerio de Trabajo ni en el Instituto de Previsión Social, que no tienen un número registro patronal en el Ministerio de Trabajo, por ende, están evadiendo dinero a las arcas del Estado”, aseguró.
El titular afirmó que esta denuncia no es simplemente de ahora, si no que viene de hace bastante tiempo.
“Los recursos del Viceministerio de Transporte evidentemente son insuficientes en términos económicos para seguir contratando gente, ya que tienen 10 o 15 fiscalizadores para 1.900 buses. Esto es inadmisible si queremos tener una posibilidad de sanear el sistema de transporte metropolitano”, concluyó.