La situación de ueno bank no solo genera interrogantes sobre el futuro de sus ahorristas, sino también sobre las empresas, proveedores y prestadores de servicios que mantienen facturas pendientes de cobro con la entidad. Para este grupo, el escenario es particularmente complejo: ante una eventual quiebra, deberán ubicarse en el último escalón del orden de prelación de acreedores y dependerán de que existan recursos disponibles una vez satisfechas las obligaciones privilegiadas.
Marcelo Codas Frontanilla, abogado y expresidente del Instituto Paraguayo de Derecho Bancario y Societario, señaló: “En el caso de los proveedores, ellos están en el quinto lugar, porque son créditos quirografarios, créditos que no tienen ninguna garantía y que tampoco son privilegiados”, explicó.
¿Cómo es el procedimiento para reclamar las deudas?
Codas indicó que el proceso contempla una primera etapa de balance de exclusión, a cargo del Banco Central del Paraguay (BCP). Una vez finalizado ese procedimiento, el organismo solicita al Juzgado Civil y Comercial que declare la quiebra de la entidad. Recién entonces los diferentes acreedores deben presentarse ante la Justicia para justificar sus créditos y manifestar qué privilegio les corresponde.
“Ellos tienen que esperar que el Juzgado Civil declare la quiebra y una vez que se declare, tienen que presentarse a ese juicio con los documentos que justifican su crédito y solicitar la verificación de su crédito”, indicó.
En el caso de los proveedores, la documentación es fundamental para acreditar que existió una relación comercial y que la obligación de pago efectivamente se generó. El abogado recomendó reunir el contrato firmado con el banco, las facturas correspondientes y algún documento que demuestre que los bienes o servicios contratados fueron efectivamente entregados o recibidos.
“Los proveedores habitualmente firman un contrato con el banco en el cual se establece qué es lo que se provee, cuáles son los precios y la forma que se tiene que pagar”, indicó. A esto se deben sumar las facturas que instrumentan la deuda y las constancias de recepción de los bienes o servicios.
Una vez presentada la documentación, el juzgado revisará el reclamo y dará intervención al síndico. Si los antecedentes son correctos, el crédito podrá ser verificado e incorporado formalmente al proceso de quiebra.
Sin privilegios: primero cobran otros acreedores
La posición de los proveedores resulta especialmente desventajosa frente a otros acreedores, ya que no cuentan con una cobertura equivalente a la prevista para determinados depósitos e inversiones de los ahorristas.
“Esta gente no tiene dinero depositado pero tiene plata que se le debe. Ellos lastimosamente tienen que entrar a formar la cola en el quinto lugar”, graficó Codas.
De acuerdo con el orden de prelación detallado por el especialista, antes de los acreedores quirografarios se encuentran los gastos de la quiebra y del proceso, los créditos laborales singularmente privilegiados, los créditos con garantía real (hipotecarios y prendarios) y los créditos fiscales y aportes al Instituto de Previsión Social (IPS).
Esto significa que las empresas que vendieron bienes, prestaron servicios, alquilaron inmuebles o mantuvieron otros vínculos comerciales con ueno quedarían, en principio, dentro de la misma categoría de acreedores comunes, siempre que sus créditos no cuenten con garantías o privilegios específicos.
“Lo que hay que definir es si el crédito tiene o no tiene garantía, que podría ser una garantía hipotecaria o prendaria. Después lo que hay que tener en cuenta es el privilegio y en ese privilegio es donde lastimosamente estos proveedores se encuentran en el último lugar de la fila”, reiteró.
La deuda sigue vigente, aunque se rescindan los contratos
Otro aspecto que puede generar incertidumbre entre las empresas es qué sucede con los contratos que mantienen vigentes con la entidad y con las obligaciones de pago que quedaron pendientes.
En ese contexto, Codas aclaró que la rescisión de los contratos durante el proceso de liquidación no implica que desaparezcan las deudas generadas con anterioridad.
“La deuda sigue siendo exigible. Al entrar el banco en un proceso de liquidación, lo que hacen los interventores es dejar sin efecto todos los contratos, ahora, por más de que el contrato quede rescindido, si hay un crédito que tienen que pagar los proveedores, el crédito se va a mantener vigente”, sostuvo.
Aunque los contratos queden sin efecto, los proveedores conservan el derecho a reclamar los importes pendientes. Para hacerlo, deberán esperar la declaración judicial de quiebra, presentarse en el proceso y solicitar la verificación de sus créditos.
El abogado también mencionó que, dependiendo de las circunstancias, los acreedores podrían analizar una eventual acción penal basada en un supuesto engaño o lesión de confianza.
¿Qué posibilidades reales tienen de cobrar?
La principal incógnita está en la cantidad de activos que finalmente puedan liquidarse para responder a las obligaciones de la entidad. El proceso de quiebra tiene precisamente como objetivo liquidar esos activos para pagar a los acreedores, respetando el orden de privilegios.
En ese escenario, los proveedores solo podrán acceder a una distribución si, después de pagar los créditos privilegiados, queda un saldo disponible. Si los recursos no alcanzan para cubrir esas obligaciones prioritarias, los acreedores comunes podrían quedarse sin recuperar nada.
“Una vez que haya un monto para distribuir, se ve cuáles son los créditos privilegiados, si todos esos créditos privilegiados se cobran y ahí queda un saldo, ese saldo se va a distribuir entre todos los acreedores quirografarios. Si eso no le alcanza a los proveedores, ellos ya no van a poder cobrar nada”, advirtió Codas.
El especialista fue incluso más contundente al referirse a las perspectivas de recuperación de las empresas y personas físicas que mantienen créditos pendientes con el banco.
“No quiero ser pájaro de mal agüero, pero en la mayoría de los bancos que entraron en procesos de este tipo, salvo el caso de Banco Unión, que creo que ahí cobraron todos los acreedores, en general, es poco probable que luego del pago de todos los proveedores haya un remanente importante, con lo cual la posibilidad de cobro de estas personas físicas y jurídicas es muy baja”, concluyó.
Así, para las empresas que hicieron negocios con ueno, el reconocimiento judicial de una deuda no necesariamente se traducirá en la recuperación del dinero. Podrán presentar sus documentos, verificar sus créditos y mantener vigente el derecho a cobrar, pero el pago dependerá finalmente de cuánto quede disponible después de atender a los acreedores que tienen prioridad legal.