José Maciel, director de la Unidad Administradora del FGD, explicó a InfoNegocios que el universo de beneficiarios comprende aproximadamente 1.867.000 cuentas con cobertura de la garantía. De ese total, -al cierre de edición- quedaban 128.196 cuentas pendientes de procesamiento, equivalentes a cerca del 7%. En consecuencia, el organismo ya había atendido aproximadamente al 93% de los depositantes cubiertos.
El funcionario señaló que los desembolsos se organizaron por etapas, atendiendo a las características de cada grupo. “En las primeras tandas, los montos eran más chicos, porque era gente que solamente tenía cuenta de depósito y no tenía préstamo”, sostuvo. Posteriormente, se incorporaron clientes con obligaciones crediticias, para quienes fue necesario descontar los saldos correspondientes a préstamos o tarjetas de crédito.
Entre los casos pendientes se encuentran depositantes con cuentas bloqueadas, operaciones vinculadas con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y personas que no cuentan con una cuenta en otra entidad bancaria.
Uno de los puntos que todavía genera interrogantes es la situación de los ahorristas cuyos depósitos superan el máximo cubierto por el Fondo. La garantía legal alcanza hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a G. 228,3 millones por depositante y por entidad financiera.
Sin embargo, el anticipo habilitado mediante la Ley N.º 7.745/2026 corresponde a 40 salarios mínimos, aproximadamente G. 121,76 millones. La diferencia hasta completar el límite legal -fijado por la Ley N.° 2334/03 que establece honrar la garantía de hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica- deberá ser atendida conforme avance el proceso y se determine el mecanismo de resolución más conveniente.
Maciel indicó que todavía se trabaja en la conciliación de los balances de ueno bank para conocer con exactitud cuántos depositantes superan el límite de cobertura y cuál es el monto de sus saldos. “Los interventores de la Superintendencia de Bancos son los que están realizando los últimos ajustes al balance de ueno para saber exactamente a qué cantidad de personas hay que pagarles y los saldos que tienen hoy día”, explicó.
La verificación deberá permitir establecer un balance saneado de activos y pasivos. El procedimiento contempla un plazo inicial de 15 días, prorrogable por otros 15, para definir la alternativa de resolución.
La exposición de las instituciones públicas dimensiona el impacto que dejó la caída de ueno. Uno de los casos más relevantes es el de Itaipú Binacional, que tenía US$ 182 millones depositados en la entidad. Según informó Bloomberg Línea Brasil, la hidroeléctrica comunicó que inició acciones judiciales para recuperar esos recursos, aunque aseguró que la situación no afectará sus operaciones cotidianas.
A esto se suma el caso de Conatel, que retiró G. 50.000 millones del Banco Interfisa y otros G. 20.000 millones del Banco Nacional de Fomento para colocarlos en ueno bank durante octubre, semanas antes de la resolución. Los G. 70.000 millones representan aproximadamente el 15% de los recursos de la institución. A raíz de esta situación, Conatel presentó una denuncia penal y solicitó al BCP prioridad para recuperar el dinero.
La ANDE también enfrenta una exposición importante. Su presidente, Félix Sosa, reconoció que la estatal todavía no tiene una solución para recuperar alrededor de US$ 21 millones destinados a proyectos de infraestructura eléctrica, entre ellos la línea de transmisión de 500 kV entre Itaipú y Villa Hayes. Además, existen unos G. 115.000 millones vinculados a pagos a proveedores y contratistas, situación que podría obligar a reorganizar recursos y postergar algunas obras.
Por su parte, Petropar presentó una denuncia penal contra directivos de ueno bank, sumándose a las acciones impulsadas por otras instituciones.
Cómo recuperará el BCP los recursos
En este escenario, la devolución de los depósitos cubiertos representa solo una parte del desafío financiero. Según Maciel, la primera alternativa consiste en concretar una transferencia de activos y pasivos a otra entidad del sistema financiero. En ese escenario, se buscará que el banco que reciba las operaciones también pueda desembolsar recursos para compensar parte del dinero utilizado por el Fondo.
“Ahí trataremos de ver si podemos, si la entidad que compra también nos puede desembolsar algo”, explicó.
Si no se concreta esa operación, el procedimiento contempla avanzar hacia una convocatoria de acreedores y la liquidación de los activos de ueno bank. En ese escenario, el FGD cuenta con una posición privilegiada en el orden de cobro.
El director explicó que, cuando el Fondo paga a los depositantes, se subroga en sus derechos y pasa a reclamar directamente a la entidad intervenida. “Lo que nosotros hacemos es subrogar ese derecho a los depositantes y nos vamos nosotros contra la entidad ya en el periodo de convocatoria de acreedores”, indicó.
Maciel destacó que la legislación establece una posición preferencial para el organismo: “El Fondo de Garantía de Depósitos está en primer lugar dentro del orden de prelación de cobro”. Esto le permite tener prioridad para recuperar los recursos desembolsados frente a otros acreedores.
Así, una semana después de la resolución, el caso ueno entra en una nueva etapa: completar los pagos a los ahorristas, determinar el alcance de los depósitos que exceden la garantía y encontrar mecanismos para recuperar los millones comprometidos por instituciones públicas y privadas.
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