Esta normativa también es conocida como la Ley 5102/2013. Algunos puntos centrales de la propuesta radican en la elevación del porcentaje en relación al Producto Interno Bruto (PIB) para hacer una obra bajo la modalidad APP. La normativa actual tenía un límite no superior al 2% del PIB, sin embargo, la modernización desea que se extienda el tope a 4%, lo que equivaldría a US$ 1.700 millones aproximadamente.
Aparte, otra de las virtudes presentadas por el proyecto de reforma permite la firma de contratos en 17 áreas distintas agregando una más a la Ley vigente: Proyectos de generación y producción de energía renovable y energía renovable no convencional hidráulica.
En cuanto al control, uno de los aspectos destacados según el analista y MBA, Stan Canova,, es que en la nueva reglamentación es posible incluir un sistema de resolución de conflictos externo como el arbitraje, que en su opinión es un mecanismo más eficiente que la judicialización de un contrato de APP.
Así también, la Ley de Modernización de la APP, según Canova, debería dar la posibilidad de utilizar un fideicomiso a los acuerdos públicos-privados para el resguardo de los ingresos y que la generación de esos intereses ayuden a compensar la retribución que corresponde al privado que se encargó de financiar la obra.
Un poco de historia
El ex ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, José Molinas, recordó a InfoNegocios que la normativa vigente solamente tuvo dos obras en los casi 12 años de su promulgación. “Solamente se inició y culminó la Ruta 2 y 7 y el aeropuerto se puso en marcha, pero no se concretó por un motivo más político”, complementó.
Molinas añadió que el proceso no fue simple, sino todo lo contrario. A criterio del economista, las modificaciones que deben hacerse a la norma actual tendrían que estar dirigidas a modificar los tiempos de aplicación, lo que representa la debilidad más visible del instrumento.
“La APP es una herramienta para canalizar recursos privados a la generación de infraestructura. Nuestro déficit de infraestructura es bastante alto, hace algunos años, había calculado que rondaba los US$ 22.000 millones, un monto próximo al 50% del PIB”, reflexionó. En promedio Paraguay fue invirtiendo en obras de infraestructura US$ 1.000 millones anualmente, sin embargo, eso ahora ya no es posible por el déficit presupuestario que existe.
Molinas subrayó que el contexto actual hace obligatorio que encontremos formas en la que el país siga creciendo en materia de infraestructura. El Gobierno actual tiene pensado usar la Ley de APP modernizada para obras en la Ruta PY 01, que costará US$ 428 millones, un sistema de agua potable para la zona norte del área metropolitana, la concesión de las rutas PY 06 y PY 07, el aeropuerto internacional y el tren de cercanías.