En conversación con InfoNegocios, el jurista explicó la propuesta que presentó ante la Comisión Antimafia de Pagarés del Senado, en la que planteó la creación de los pagarés de consumo, una figura que busca incorporar mayores controles cuando el documento sea utilizado para financiar compras cotidianas o pequeños créditos destinados a consumidores.
“La idea es eliminar las condiciones legales que permitieron que esto ocurriera, pensando más en el futuro que en el problema actual de las víctimas”, afirmó Segura, quien participó en la comisión en calidad de académico para compartir experiencias comparadas y posibles reformas legislativas.
El especialista sostiene que el pagaré tradicional sigue siendo una herramienta válida para la economía. De hecho, remarca que fue concebido para facilitar las operaciones comerciales entre empresas y garantizar el acceso al crédito. Sin embargo, considera que el contexto cambió y que hoy ese mismo instrumento se utiliza masivamente en relaciones de consumo, en las que los ciudadanos requieren una protección adicional.
“No hay nada en contra del pagaré en sí mismo; es un excelente elemento de crédito y de garantía”, explicó. “Lo que proponemos es tomar sus virtudes y agregarle algunas prevenciones cuando se trate de créditos de consumo”.
La propuesta contempla que estos nuevos pagarés incorporen mecanismos tecnológicos, como códigos QR, y un registro digital que permita seguir todo el ciclo de vida del documento. De esa manera, podría conocerse cuándo fue emitido, si fue transferido a otra persona o empresa, si pasó a una casa de cobranzas, si fue judicializado e incluso cuándo quedó cancelado.
Para Segura, esa trazabilidad permitiría que tanto el consumidor como los jueces pudieran verificar rápidamente el origen de la deuda y el recorrido del pagaré, reduciendo significativamente el riesgo de irregularidades.
Además, plantea adecuar la legislación a los nuevos medios de pago. Según explicó, el sistema sigue dependiendo de formalidades propias de otra época, aunque actualmente la mayoría de las cuotas se cancela mediante transferencias bancarias, billeteras electrónicas o pagos digitales.
“La idea es modernizar el sistema de cobro y que las personas que se endeudan legítimamente también se beneficien de un buen sistema de protección para evitar abusos”, sostuvo.
Otro de los ejes de la iniciativa apunta a simplificar el procedimiento judicial. A criterio del abogado, el actual juicio ejecutivo acumula demasiadas notificaciones y trámites que terminan generando burocracia, demoras y mayores riesgos de irregularidades.
Según explicó, con un sistema digital de trazabilidad, el juez podría acceder en pocos minutos a toda la información necesaria para verificar la autenticidad del pagaré y el estado de la obligación, concentrando el control en datos verificables y no únicamente en actuaciones de terceros.
Lejos de representar una carga adicional para la Justicia, Segura cree que la reforma permitiría agilizar los procesos de cobro legítimos, beneficiar al comercio formal y brindar mayor seguridad jurídica tanto a los acreedores como a los consumidores.
“La idea es aprovechar la crisis para modernizar el sistema, dar mayor seguridad al consumidor y evitar que esto vuelva a ocurrir, pero, a la vez, hacer que el comercio formal salga ganando”, concluyó.
Mientras la Comisión Antimafia de Pagarés continúa analizando posibles cambios legislativos, la propuesta de los pagarés de consumo comienza a instalarse como una de las alternativas para corregir las fallas que quedaron expuestas con uno de los mayores escándalos judiciales de los últimos años, sin renunciar a una herramienta que sigue siendo esencial para el acceso al crédito y el funcionamiento del comercio formal.