S&P Global Ratings informó el 6 de noviembre que el intento de renuncia del 5 de noviembre y el proceso de juicio político en curso “no tienen implicancias inmediatas” para las calificaciones soberanas, que se mantienen en BBB-/Estable/A-3. La agencia espera que el vicepresidente Pedro Alliana asuma una vez concluido el proceso formal y complete el mandato hasta agosto de 2028.
Moody’s Ratings, que califica al país en Baa3 con perspectiva estable, tampoco prevé un impacto inmediato, respaldada por el fuerte crecimiento económico y una deuda pública relativamente baja, en torno al 38% del PIB. Sin embargo, su comentario fue más duro en el diagnóstico institucional: sostuvo que los acontecimientos ponen de relieve “persistentes debilidades institucionales y de gobernanza” vinculadas a un largo historial de muy débil control de la corrupción y limitada efectividad gubernamental. Según la agencia, las puntuaciones de Paraguay en los Indicadores Mundiales de Gobernanza se ubican sistemáticamente en el percentil 25 o por debajo, y por debajo de la mediana de sus pares con calificación Baa.
El origen de la crisis es la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre ueno bank, anunciada el 3 de noviembre, luego de que su índice de solvencia cayera por debajo del 50% del mínimo regulatorio tras ajustes en sus estados financieros. A septiembre, la entidad concentraba el 8% de los créditos y el 9% de los depósitos del sistema. S&P había bajado la calificación del banco de BB a D el 4 de noviembre.
Ambas agencias consideran que el riesgo sistémico está contenido. Coinciden en que alrededor del 97% de los depositantes quedaría cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos, que a septiembre contaba con una liquidez de US$ 1.600 millones, aproximadamente el doble de los depósitos asegurados de ueno. El Congreso aprobó mecanismos para acelerar el reembolso de los depósitos cubiertos, que comenzó esta semana.
El costo fiscal directo, señaló Moody’s, parece limitarse a un eventual apoyo de liquidez del BCP al fondo de garantía, y solo se materializaría si entidades públicas sufrieran pérdidas sobre saldos no recuperados. S&P advirtió que podría haber un costo fiscal asociado a los depósitos no cubiertos, incluidos fondos del sector público, aunque estima que el desvío sería acotado.
La caída del banco también golpeó al regulador: el presidente del BCP, Carlos Carvallo, extitular de Financiera Ueno —entidad predecesora—, renunció tras la quiebra y se entregó a la Justicia. Legisladores denunciaron un presunto uso indebido de fondos previsionales y posibles encubrimientos institucionales.
S&P proyecta un crecimiento del PIB de 4,8% este año y 3,5% para 2027-2028. Ambas agencias advirtieron que una incertidumbre política prolongada o una mayor desconfianza en las instituciones podría afectar el desempeño económico y fiscal.