El año pasado había terminado como año récord en inversión en infraestructura, tras sobrepasar los US$ 1.000 millones en ese rubro, un sueño de larga data de las empresas constructoras. Pero… el 2021 arrancó de manera totalmente diferente, con más lluvias de las previstas, lo que disminuyó el ritmo de trabajo.
“Además, aumentó la cantidad de contagios de COVID-19 y tuvimos que trabajar por cuadrillas, en burbujas, lo que hizo que no tengamos a la cantidad de gente necesaria, pero por sobre todo empezamos a notar retrasos en los pagos a las empresas y algunas tuvieron que sacar el pie del acelerador porque ya no aguantan sin cobrar”, afirmó Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) .
El dirigente gremial estima que si se mantiene el panorama actual, la inversión en la ejecución de los emprendimientos viales no alcanzaría US$ 800 millones a finales de este año. Y eso en el caso de que aumente el número de licitaciones, lo cual no está previsto, por lo que la ejecución podría ser incluso menor. Una retracción de al menos el 30% con respecto al año pasado.
Cambio de condiciones
La situación actual es muy diferente a la de los dos años anteriores. Incluso la pandemia de COVID-19 afectó de manera positiva a los volúmenes de obras del Estado. En marzo de 2020, cuando empezó la crisis sanitaria, Cavialpa se puso en contacto con el Poder Ejecutivo y con el MOPC para ver cómo enfrentar la pandemia y la respuesta fue el pedido de que no parasen las obras y contratar la mayor cantidad posible de personal para tratar de sostener la economía.
Las empresas compraron equipo nuevo, contrataron obreros y para financiar tomaron préstamos de bancos y de proveedores. Muchas de las obras están financiadas con fondos locales, pero este año el Ministerio de Hacienda instruyó al MOPC para que no licite los proyectos que tengan financiamiento de este tipo, sino que solamente llame a concurso para los emprendimientos que están cubiertos con recursos externos, que ya tienen aprobados los préstamos.
Las obras públicas ocupan a más 100.000 personas en forma directa, y si a esa cantidad se le suman los proveedores y otros se supera la cantidad de 200.000 personas. “Si esto sigue así la gente se quedará desempleada; ojalá que no. Estamos hablando con Hacienda, con el MOPC y con Parlamento para que no paren las obras; el Estado tiene que reducir los gastos superfluos, hacer más eficiente el gasto público, ir sacando de diferentes lugares para dirigir hacia las obras”, propuso Sarubbi.