Desde la cartera de Estado destacaron que la normativa establece las “condiciones jurídicas y normativas” para avanzar en la transformación de un esquema que, según admiten, quedó rezagado frente al crecimiento urbano. “Este es un cambio real después de más de 25 años en la forma en que el Estado contrata el servicio”, señalaron durante la conferencia.
El nuevo modelo apunta a dejar atrás la lógica actual de múltiples operadores compitiendo por pasajeros en un mismo trayecto. En su lugar, se implementarán unidades funcionales, donde un solo concesionario operará corredores troncales junto con sus alimentadores. Este esquema será adjudicado mediante licitación pública, cuya primera convocatoria está prevista para junio.
Uno de los datos más relevantes desde el punto de vista económico es que el sistema de transporte público mueve actualmente alrededor de US$ 100 millones al año, entre recaudación por pasajes y subsidios estatales. Con la reforma, estos recursos serán canalizados a través de un fideicomiso que garantizará el pago a los operadores por disponibilidad de buses y kilómetros recorridos, brindando previsibilidad financiera al sistema.
El plan también contempla contratos de largo plazo. La operación de las nuevas unidades tendrá una duración estimada de 15 años, lo que abre una ventana para inversiones privadas en renovación de flota y mejora del servicio.
En paralelo, el Gobierno fijó como meta la incorporación progresiva de 1.000 buses nuevos para 2028, sobre un parque actual cercano a las 2.000 unidades. La intención es avanzar hacia un sistema más eficiente, con mayor cobertura y capacidad de captar usuarios.
Actualmente, solo el 17% de la población utiliza el transporte público, un indicador que refleja tanto las limitaciones del servicio como el crecimiento del parque automotor. “El tránsito saturado es el resultado de no tener una oferta de transporte digna”, reconocieron desde el MOPC.
El proceso de modernización no se limita a la flota. Incluye también un componente fuerte de infraestructura, con más de US$ 750 millones en obras urbanas en ejecución en Asunción y el área metropolitana, entre ellas viaductos, duplicaciones de rutas y mejoras viales que buscan optimizar la movilidad.
A esto se suma la incorporación de tecnología. El sistema mantendrá el billetaje electrónico —que ya registra más de 600.000 validaciones con integración tarifaria— y avanzará en el monitoreo en tiempo real de las frecuencias mediante GPS, lo que permitirá aplicar sanciones a operadores que incumplan sus itinerarios.
Otro eje es la sostenibilidad. El decreto reglamentario establece la incorporación progresiva de buses eléctricos o de bajas emisiones como parte de la política de movilidad, alineada con la reducción de gases de efecto invernadero y la mejora de la calidad del aire.
Además, la normativa refuerza la rectoría del MOPC sobre el sistema y define mecanismos de coordinación con otras instituciones, municipios y actores del sector, buscando una planificación más integrada del transporte metropolitano.
En paralelo al anuncio de la reforma, el MOPC informó que en abril se inyectaron US$ 106 millones al sector de la construcción, lo que permitió reactivar obras y mejorar la ejecución. Este flujo de recursos tiene impacto directo en el empleo, considerando que el rubro genera alrededor de 300.000 puestos de trabajo en el país.
Con estos avances, el Gobierno busca acelerar una transformación estructural del transporte público, con foco en eficiencia operativa, sostenibilidad y mayor participación del sector privado en un esquema más ordenado y previsible. El desafío ahora será trasladar esta hoja de ruta normativa a resultados concretos en la calle, en un sistema históricamente cuestionado por los usuarios.