Josefina Otero, presidenta de la Asociación de Industrias Hoteleras del Paraguay (AIHPY), destacó que el primer semestre fue favorable para el sector, especialmente en la capital, donde se registró una alta demanda de habitaciones. “Este es un año con mucha actividad, movimiento y turismo de reuniones”, señaló. La agenda para el segundo semestre también es prometedora, con eventos internacionales como los Juegos ASU 2025, partidos de alto impacto como los de River Plate, y conciertos de artistas de renombre como Shakira y Green Day. Además, se prevé un importante flujo turístico con el tradicional rally en la zona de Itapúa, previsto para agosto.
No obstante, el dinamismo del sector se ve ensombrecido por la falta de información sobre el proceso de integración institucional impulsado por el gobierno. Manifestó que existe una profunda incertidumbre sobre el futuro del turismo en Paraguay. “Nosotros queríamos saber más acerca del proyecto, no fuimos consultados”, lamentó, apelando a la necesidad de mayor transparencia por parte de las autoridades.
Otero remarcó que el sector está dispuesto a colaborar con el proceso, pero subrayó la necesidad de un enfoque participativo. “Podemos estar de acuerdo, podemos pedir que se corrija, podemos mejorar, pero necesitamos ver cuál va a ser el proyecto de ley”, indicó. Asimismo, enfatizó que, independientemente de la estructura administrativa que se adopte, es fundamental que el turismo y la industria sean considerados ejes centrales del desarrollo económico del país.
Desde la AIHPY también impulsan la creación de una agencia de promoción del país, un modelo exitoso en economías regionales como Uruguay, Brasil, Argentina y Costa Rica. “Es importante que se generen más beneficios para el sector hotelero, que se promuevan políticas que realmente impulsen el turismo”, agregó Otero.
Otro desafío que tiene el sector también radica en el futuro del negocio de los hospedajes, que tiene como líder a Airbnb, cuya aparición en el rubro generó críticas por parte de los dueños de hoteles. Los empresarios plantean que el Estado debe establecer algunas regulaciones a ese tipo de ofertas.