La participación de Zacur en este espacio no es casual, pues desde hace aproximadamente ocho años es docente de la Maestría en Prevención y Represión del Lavado de Activos, Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Compliance de la Universidad de Santiago de Compostela, un programa que reúne a destacados catedráticos de derecho penal económico de España, Italia y Portugal. En ese marco académico presentó su investigación sobre los nuevos desafíos que plantea la inteligencia artificial para la persecución del lavado de activos.
Su trabajo, titulado Lavado Algorítmico Autónomo: Inteligencia Artificial, Dominio Algorítmico del Hecho y Autoría Mediata Agéntica, propone una respuesta jurídica a una pregunta que hasta hace poco parecía propia de la ciencia ficción: ¿quién responde penalmente cuando una inteligencia artificial ejecuta por sí sola maniobras de lavado de activos?
Según explicó el propio Fernández Zacur en conversación con InfoNegocios, el desafío surge con los sistemas de inteligencia artificial denominados “agénticos”, capaces de decidir y actuar sin que un ser humano intervenga en cada paso del proceso. “El programador fija un objetivo, pero es la propia inteligencia artificial la que decide cómo y cuándo ejecutar las acciones para maximizar el éxito y reducir las posibilidades de ser detectada”, señaló.
Eso supone un problema para el derecho penal tradicional, porque las normas fueron concebidas pensando en autores humanos. En los delitos de lavado de activos, por ejemplo, la ley sanciona conductas como convertir, ocultar, transferir o disimular bienes provenientes de un hecho ilícito. Pero ¿qué ocurre cuando esas acciones ya no las realiza una persona, sino un sistema de inteligencia artificial que opera con autonomía funcional?
La investigación sostiene que la responsabilidad no debe trasladarse a la máquina, ya que la inteligencia artificial carece de los presupuestos necesarios para ser considerada sujeto penal. También descarta otras alternativas discutidas por la doctrina, como atribuir responsabilidad objetiva a los desarrolladores o considerar que la IA actúa simplemente como una herramienta controlada por el ser humano.
Como respuesta, Fernández Zacur desarrolla dos conceptos. El primero es el “dominio algorítmico del hecho”, que consiste en el control que ejerce el ser humano sobre la arquitectura, los objetivos y los parámetros del sistema antes de que este actúe de manera autónoma. El segundo es la “autoría mediata agéntica”, una figura mediante la cual el responsable sigue siendo quien diseñó, programó o implementó el sistema con fines ilícitos, aunque la ejecución material haya quedado en manos de la inteligencia artificial.
Para explicar esa idea, el jurista toma como referencia una de las teorías más influyentes del derecho penal moderno: la teoría de los aparatos organizados de poder, desarrollada por el alemán Claus Roxin. Así como esa construcción permitió atribuir responsabilidad al “autor detrás del autor”, ahora plantea trasladar esa lógica al mundo de la inteligencia artificial, donde existiría un “autor detrás del algoritmo”.
La recepción de la investigación sorprendió incluso a su autor. “Hasta ahora hubo intentos de resolver este problema desde 2015, pero todavía no existía una construcción teórica integral. Los catedráticos nos manifestaron que creen que somos los primeros en desarrollar estos conceptos”, afirmó. El trabajo se apoya en más de 120 fuentes bibliográficas en español, alemán, inglés y chino.
Fernández Zacur sostiene que el fenómeno constituye una problemática actual y no una cuestión del futuro. Para respaldar esta afirmación, citó un estudio divulgado este año por un laboratorio estadounidense de seguridad digital, que estima que más de US$ 156.000 millones ya habrían sido lavados mediante este tipo de tecnologías autónomas. “La gente cree que esto es Terminator o ciencia ficción, pero está ocurriendo hoy”, dijo.
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es que no plantea crear nuevas figuras penales, sino reinterpretar las herramientas que ya ofrecen los códigos vigentes para enfrentar este nuevo tipo de criminalidad. “La autonomía de los sistemas de inteligencia artificial debe reconducirse hacia quienes definieron sus objetivos y condicionaron su funcionamiento. Los centros de imputación penal siguen siendo exclusivamente las personas”, resume la investigación.
La ponencia presentada en España será publicada próximamente por la editorial jurídica Tirant lo Blanch, considerada una de las más prestigiosas del ámbito jurídico iberoamericano, mientras que la versión completa de la investigación también será difundida en una revista académica especializada. Con ello, un desarrollo elaborado desde Paraguay se suma a uno de los debates jurídicos más complejos que plantea la inteligencia artificial a nivel mundial.