Luis Urrutia, director de Fanáticos, comentó que desde la vuelta del fútbol amateur −en noviembre de 2020− se concentraron en cumplir estrictamente los protocolos de salud y por eso no se registró un solo caso positivo en los meses de actividad.
Por este motivo, el empresario manifestó que no son una actividad que propicie contagios masivos y que necesitan seguir operando de la misma forma, porque el rubro emplea directamente a 10.000 colaboradores. Igualmente poseen otros compromisos como las inversiones en los complejos y otros gastos relacionados.
"Nuestra postura no es solamente continuar abiertos, sino trabajar de manera formal con todos los cuidados sanitarios”, subrayó. Por otra parte, recordó que para evitar la aglomeración, no se habilitó el famoso tercer tiempo luego de los partidos.
Reservas que permiten cumplir con los compromisos
Urrutia indicó que si el Gobierno decide suspender la actividad del fútbol amateur, afectará a 1.200 complejos deportivos a nivel país, y posiblemente no detendrá la práctica del fútbol, que continuará en las canchas de barrios u otros establecimientos.
"El nivel de reserva actual es de 30% o 40%, porque la gente prefiere quedarse en su casa o porque no hay el tercer tiempo. Pero al menos ese promedio nos permite cumplir con las obligaciones", reconoció.
Incongruencias
Por su parte, Diego Lansac, abogado de propietarios de canchas de césped sintético, señaló que no es razonable que 14 personas no puedan jugar un partido al ser del mismo núcleo familiar o laboral, pero “sí puedan reunirse 100 personas en un evento de hasta 4 horas o en un autobús puedan subir 50 personas hacinadas”, añadió.
"Para nosotros es imposible acatar este decreto, porque sencillamente tenemos que trabajar para llevar el sustento a miles de trabajadores. Otro punto a resaltar, es que el fútbol no parará, como no paró en toda la pandemia, y se jugará en el baldío, en la canchita de barrio y en lugares sin ningún tipo de protocolo", aseguró Lansac.
Lansac declaró que los propietarios de complejos deportivos se exponen a imputaciones y multas, pero “se sentará un precedente nefasto al criminalizar el trabajo formal”, advirtió.
Tanto Urrutia como Lansac aclararon que no solicitan subsidios al Gobierno, solamente piden seguir trabajando con los mismos cuidados.