Barreto recordó que, al inicio del actual gobierno, se emitieron bonos por alrededor de US$ 600 millones para saldar una parte de la deuda heredada de la pandemia, tanto con constructoras como con el sector farmacéutico. “Eso se resolvió correctamente en su momento. Lo sorprendente —dijo— es que el problema haya reaparecido tan pronto. Si corregiste la herencia, tendrías que haber programado mejor para que no vuelva a ocurrir”.
El exministro sostuvo que el punto de partida fue un presupuesto con recursos limitados, en un contexto donde el Gobierno debía retornar en 2026 al marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esto implicaba reducir drásticamente el espacio para endeudamiento: “Si antes te endeudabas 3 o 4 puntos del PIB, ahora solo podés hacerlo por 1,5 puntos. Ese dato solo ya exige una administración muy fina”, explicó.
Sin embargo, para Barreto, el error clave fue la implementación acelerada de tres programas sociales muy costosos: el plan Hambre Cero, la universalización de las pensiones de adultos mayores y la expansión del contingente policial. Solo los dos primeros demandan cerca de US$ 800 millones al año. Y ninguno tiene financiamiento permanente. En el caso de Hambre Cero, dijo, el problema es evidente: “Estás financiando un programa permanente con ingresos transitorios y decrecientes”, en referencia a la caída de la compensación por energía de Itaipú.
A esto se suma una recaudación tributaria que en 2024 acompañó el gasto, pero que ya no crece al ritmo necesario para sostenerlo. Según Barreto, ese desfasaje obligó al Estado a “sacar recursos de donde se puede”, y lo único flexible —en la práctica— es la inversión pública y el pago a proveedores. El resultado: atrasos crecientes con constructoras y farmacéuticas, que hoy afectan a toda la cadena de pagos.
El economista insistió en que el problema se agravó porque no se transparentó la situación a tiempo. “No se puede desconocer el problema. Si no lo reconocés, ni siquiera estás pensando cómo resolverlo”, sostuvo. Señaló que el Gobierno debió comunicar con claridad qué obras podían ejecutarse, cuáles debían reprogramarse y cuáles serían priorizadas. Sin esa previsibilidad —afirmó— las empresas asumen compromisos que luego el Estado no cumple, generando un efecto dominó financiero.
Consultado sobre el impacto concreto del atraso en pagos, Barreto fue categórico: “No quiero ser obvio, pero hay que serlo. Cuando el Estado deja de pagar, las empresas se frenan, los bancos cortan líneas de crédito y el empleo cae”. Añadió que la inversión pública tiene uno de los retornos económicos y sociales más altos entre todas las políticas públicas, porque habilita competitividad para otros sectores productivos. “Cuando la manta es corta, hay que priorizar. Pero si el sesgo es demasiado social y sin financiamiento, lo económico se resiente inevitablemente”.
Barreto también advirtió que 2026 podría ser aún más complejo para la obra pública, dado que ese año se reducirá de manera más pronunciada la disponibilidad de recursos, tanto por la caída de Itaipú como por el límite fiscal. “Con mucha pena les digo: no veo margen para grandes cambios en el corto plazo. Hay que prepararse para un escenario difícil”, afirmó.
Aun así, consideró que la situación todavía es manejable, siempre que se diseñe un plan realista y público de pagos y se establezca un cronograma claro para los contratos vigentes. “No estamos ante montos imposibles de resolver. Pero sí necesitamos previsibilidad. El sector tiene derecho a saber qué se va a pagar, cuándo y qué obras realmente podrán ejecutarse”.
El exministro concluyó que la discusión de fondo no es meramente contable, sino de prioridades políticas. Con recursos escasos, afirmó, el país debe encontrar un equilibrio entre proteger a los sectores vulnerables y sostener la inversión pública, que es la que impulsa crecimiento y empleo. “No es un debate técnico; lo resuelve el sistema político. Pero si se toma la decisión sin prever los recursos, el descalabro financiero es inevitable”.