Esta metodología sostiene que las compañías locales que mantienen transacciones con partes vinculadas, ya sean por capital, administración, dirección o control, “tienen la obligación de demostrar al fisco que las transacciones se concretaron en las mismas condiciones, como si se hubieran hecho con un tercero independiente”, detalló.
“Esto es parte de la premisa que, al ser parte de la misma organización o grupo económico, puede que los precios no estén acordes a los valores de mercado. Esto no algo nuevo, ya que son normas exigidas en casi todos los países, tal es así que, a nivel regional, Paraguay es el último en alinearse a este régimen”, afirmó.
La implementación de este sistema no será difícil, según Aramayo, considerando que se manejaba uno similar en el caso de las exportaciones de soja, “aunque en este caso todos los sectores con partes vinculantes deberán realizar este proceso de control y demostración”, argumentó.
Para Aramayo, el principal beneficio de esta herramienta es favorecer al sistema tributario con un elemento de control preciso, que le ayudará a incrementar sus recaudaciones y evitar que las ganancias se envíen a otros destinos con menor carga tributaria.
“Sin dudas con este sistema se aumenta la carga administrativa de las empresas, porque se debe preparar un estudio técnico que detalle todas las negociaciones, aplicando la metodología de precios de transferencia, y finalmente concluyan los resultados, que las transacciones están al valor del mercado”, expuso.
Para realizar estos procedimientos, de acuerdo a Aramayo, las compañías necesariamente tendrán que recurrir a las consultoras especializadas en el área o apostar a la creación de un equipo interno, que no es una práctica tan común, por los altos costos de inversión.
La inversión para la contratación de un grupo consultor es variable debido a los costos, porque el servicio se tasa en base a la cantidad y complejidad de los documentos negociados, y no en base a los niveles de facturación de la compañía.
Por último, señaló que las empresas no deben alarmarse con la implementación de los precios de transferencia, sino más bien, deben trabajar en ordenar todos los documentos de las transacciones este 2020, así en el momento que entre en vigencia –en el 2021– puedan mostrar un estudio técnico completo, que sería similar a una declaración jurada.