El empresario y miembro de la comisión directiva de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Pedro Juan Caballero (CICTS), Alejandro Benítez, comentó que el comercio de la zona depende un 95% de las ventas a los visitantes brasileños y que en estas condiciones solamente están abriendo un 50% de los comercios, con su plantel reducido porque prácticamente no existe movimiento.
Además, muchos comercios permanecen cerrados porque los empresarios residen en la ciudad brasileña de Ponta Porã y con el cierre total de las fronteras, no pueden retornar a su rutina habitual.
Según el directivo de la CICTS, una medida temporal que ayudará al comercio de la zona sería habilitar una cantidad de puntos de entrega de mercaderías, para que los comerciantes puedan acercar los productos hasta allí y desde ese sitio de la frontera los compradores puedan llevarse sus compras y abonar el monto acordado.
“Esto se puede realizar guardando todos los cuidados preventivos, como toma de temperatura, utilización de mascarillas, lavado de las manos, desinfección de cajas o billetes (quienes no realizan transferencias o compras online), señalización para un distanciamiento entre los vendedores y compradores, además de otros factores”, aseguró Benítez.
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Esta propuesta ya fue entregada al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), de acuerdo a Benítez, para que la analicen y pueda ser aplicada en la ciudad que posee una frontera seca de 15 km. “De ser posible, se busca instalar unos ocho sitios habilitados para evitar la aglomeración en todo momento”, agregó el empresario.
"Si se toman las medidas de seguridad con esta alternativa, se beneficiará al comercio de PJC, generando un flujo económico y resguardando los puestos de trabajo. Esto permitirá que los comerciantes puedan seguir pagando sus alquileres, sus nóminas, sus impuestos y los servicios básicos", reiteró Benítez.
Por el momento, los comercios o empresas de la zona se sostienen con sus propios ahorros, porque no recibieron aún ningún tipo de soporte financiero del Gobierno, ni siquiera con los fondos ofrecidos por los bancos de plaza (con fondos de garantía, como el FOGAPY), de acuerdo al directivo de la CICTS, quien además calificó de lento el análisis de las carpetas de crédito, “y en este caso se necesitan acciones inmediatas, ya que el comercio está parado desde marzo”. Benítez también recordó que en Ponta Porã “la pandemia está controlada y los ciudadanos están conscientes de las medidas preventivas".
Por último, el empresario de PJC indicó que la medida de entregar un carnet de turismo a los compradores, para que puedan ingresar a nuestro territorio, previo test de COVID-19 no es una prioridad en estos momentos, pero sí habilitar puntos de entrega de mercaderías.
Mientras tanto en Salto del Guairá…
El presidente de la Cámara de Comercio de Salto del Guairá, Héctor Tito Torres, expresó que están pasando un momento complicado porque usualmente el 98% de las compras corresponden a turistas brasileños.
Por tanto, abrir los negocios para proveer solamente a un 2% del mercado “no es negocio porque eso ni siquiera alcanza para abonar los salarios de los funcionarios, los servicios básicos, los tributos o los alquileres de los comercios”, manifestó Torres.
"Los márgenes manejados en el comercio de frontera son chicos, pero toman relevancia cuando se hacen negocios en grandes volúmenes, lo que es imposible en este contexto y con esto la facturación es prácticamente nula", reveló Torres.
A diferencia de PJC, en Salto del Guairá existe una distancia de 7 km (aproximadamente) hasta la línea internacional, por tanto no es tan viable la apertura de puntos de entrega de mercaderías. Por eso, en este caso, “los comerciantes están más predispuestos al ingreso de compradores brasileños con los recaudos necesarios como pruebas (previas) de COVID-19, control de temperatura, desinfección de manos y calzados, y otras medidas”, comentó Torres.
"El Gobierno habilitó la apertura de los comercios en esta fase de la cuarentena, pero esto no tiene un impacto en los comercios de la zona, porque no hay movimiento por las restricciones de circulación y esto tendrá un impacto abismal que traerá despidos de funcionarios, cierre de empresas y otros perjuicios en el entorno”, advirtió Torres.
Para más adelante, se debe conversar sobre los aranceles para la importación de productos, para que se apliquen las tasas convenientes en las distintas categorías, y “así competir en igualdad de condiciones con el sistema de duty free”, agregó el empresario.
Para Torres, con la reducción de los impuestos se podría incrementar considerablemente las ventas y de esta manera recaudar más en el comercio fronterizo, incidiendo así en la suba de pago de impuestos al fisco.