El director general de la Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Diego Marcet, explicó que la evaluación de Gafilat está vinculada a convenciones internacionales relacionadas al crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero, pero incluye de forma complementaria temas sobre el enriquecimiento ilícito como una tipificación que debe tener el Estado sobre ese hecho punible. "La publicación de las DDJJ en sí misma no está en eje en cuanto al proceso de lavado de dinero, que es lo que Gafilat está examinando actualmente, pero la detección de hechos de enriquecimiento ilícito son tenidos en cuenta como precedente de lavado de dinero", argumentó Marcet.
El director señaló que la presentación de DDJJ son competencia medida por instituciones diferentes a Gafilat, como las Naciones Unidas contra la Corrupción, pero aclaró que "obviamente la percepción de existencia de lavado de dinero influye mucho en el criterio de los evaluadores". Asimismo, Marcet recordó que el examen de Gafilat empezó en noviembre y hasta enero de este año la Seprelad se dedicó a contestar los cuestionarios requeridos por Gafilat, para luego esperar la visita de los examinadores.
"La evaluación in situ quedó suspendida por la pandemia y el proceso paró por seis meses. Se reanudará en octubre, cuando los examinadores llegarán al país", comentó. Entretanto, manifestó que, en relación al año pasado, tienen la percepción de que Paraguay está con más oportunidades de pasar el examen porque a fines de 2019 se aprobó un paquete de leyes para la parte del cumplimiento normativo y técnico.
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"A partir de esta aprobación sacamos reglamentaciones que cumplen criterios específicos que nos dejaron mucho más optimistas que el año pasado. Ahora contamos con una Ley del Beneficiario Final, que incluye una dirección nueva en Hacienda y un proceso de identificación de beneficiarios finales de lavado de dinero", afirmó Marcet. Otras de las leyes aprobadas que mencionó fueron: la modificación del Código Penal para el cambio del tipo penal de lavado, la modificación de la Ley de Seprelad para el cambio de procedimientos administrativos y la Ley de Inmovilización de Activos.
Ajustes durante la cuarentena
Según Marcet, durante los tres meses de crisis sanitaria la Seprelad aprovechó para realizar ajustes pendientes y que -en el caso de no haberse postergado la evaluación- hubiese complicado la gestión de la institución. "Continuamos trabajando en detalles que necesitaban más tiempo de discusión como la nueva resolución sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP), el reglamento de prevención para las Empresas de Medios de Pago (Empes) y ahora estamos por terminar un reglamento de prevención de lavado para las casas de bolsa, cooperativas, casas de cambio, casas de crédito y actividades no financieras", detalló.
El director adelantó que para inicios de julio terminarán alrededor de 10 nuevas normas e irán aprobándolas en los siguientes meses.