Camacho aclaró que el motivo por el cual está en stand by desarrollar la política de calidad fue el cambio de gobierno, que obligó a los actores del sector público y privado a esperar la forma en la que el nuevo gobierno se desempeñará en lo que se refiere a la calidad.
La elaboración de la Política Nacional de la Calidad fue homologada por el Poder Ejecutivo a principios del 2018 y tiene como ejes principales el desarrollo institucional, el fortalecimiento empresarial en calidad, la seguridad, la salud y el cuidado del medioambiente, la protección de los consumidores y usuarios, la educación y cultura de la calidad, entre otros aspectos sensibles para la vida de la población.
“En este momento se está contactando con organismos internacionales de integración para presentarles la planificación y los costos, a fin de conseguir ayuda para poner en práctica esta política. Sabemos que estos procesos llevan mucho tiempo, pero no podemos esperar”, agregó Camacho.
De igual manera, el gerente general comentó que existen acciones que ya pueden realizar porque no requieren de mucho dinero, como por ejemplo, capacitaciones que incluyen incorporar la enseñanza referente a la calidad en las mallas curriculares de las instituciones educativas, especialmente en la educación superior, y concienciar sobre la defensa al consumidor. “Todavía nos regimos por los precios cuando la calidad debe ser llevada en cuenta también, porque son los consumidores los que van a hacer que las cosas cambien”, indicó Ignacio.
Por otra parte, invitó a que se trabaje por fortalecer los mecanismos de control a nivel nacional y las importaciones: “No deberíamos permitir que las cuotas de importaciones no respeten las normas de calidad y seguridad”.
Asimismo, manifestó que al iniciar el 2019 ya va a ser posible avanzar con la creación de una comisión multisectorial en la cual estarán todos los referentes del sector público y privado para comprometer a sus instituciones a cumplir la Política Nacional de Calidad. “Con la estrategia que tenemos pocos van a ser los que se animen a no aceptar la invitación y no obligar a sus instituciones a lleven a la práctica lo que rige en la ley”, afirmó el directivo.
Voluntad política
“La principal dificultad para que se cumplan las normas siempre es la voluntad, tanto del sector público como el privado. Debemos aumentar la competitividad en Paraguay, en el ranking mundial estamos casi últimos y tenemos que cambiar esa realidad”, sostuvo Camacho. El gerente de la APC comentó que en el decreto de la Política Nacional de la Calidad se estipula que es el Gobierno el que debe garantizar la calidad y la competitividad en el aspecto productivo y comercial, es decir, es un compromiso formal que poseen las autoridades públicas.
“Estamos muy expectantes, ansiosos y con muchas ganas de que esto se ponga en marcha el año que viene”, concluyó Camacho.