Según manifestó el actual viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, desde el Gobierno estudian la viabilidad de establecer una “tregua tributaria” para mitigar las dificultades existentes y así optimizar las recaudaciones fiscales. Por su parte, Torres señaló que si el Estado decide dar tregua, estaría en lo correcto porque tanto individuos, empresas como el Estado tienen problemas con sus ingresos.
Torres recomendó la extensión del plazo para el cierre fiscal hasta diciembre, incluyendo exoneración de multas de la SET y de la abogacía del tesoro, institución que cuenta con una disposición legal por incumplimiento de cancelaciones de obligaciones y modificaciones de estatutos, con multa de 100 jornales mínimos, aproximadamente G. 8.000.000. “Esta tregua podría hacer que mucha gente que no está trabajando cancele sus obligaciones y, a la vez, que las empresas y mipymes disminuyan la cantidad de volúmenes de pagos acumulados”, agregó Torres.
Según Torres, solo es necesario que la decisión de la tregua tributaria se ponga en marcha por medio de un decreto o resolución que rija para la SET y la Abogacía del Tesoro, de esa manera la sociedad volverá a desarrollar sus actividades de manera regular, evitando trabas comerciales, sanciones económicas y restricciones en los bancos. Para recordar cómo fue el año pasado, la SET sacó una resolución para emplazar a los contribuyentes entre octubre y diciembre, en la que también incluyó la reducción de multas de acuerdo con los tipos de obligaciones que cada persona física o jurídica tenía y habilitó la posibilidad de refinanciar deudas con intereses menores.
“En 2018 el indicador más importante para optar por la tregua tributaria fue que existieron muchos casos de mega evasión e ingresos altos, por lo que se generó problemas con facturas irregulares y con el mayor plazo de la administración tributaria se resolvieron los inconvenientes a tal punto que disminuyeron sanciones que llegaron hasta el 300%”, recordó Torres.
Un punto a aclarar es que las multas y contravenciones no están contempladas en el Presupuesto General de la Nación, es decir, son ingresos extras.
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Ley de Responsabilidad Fiscal
En cuanto a la aparente intención que tiene el Ministerio de Hacienda de aumentar el déficit fiscal y salir del marco regulatorio de la Ley de Responsabilidad Fiscal, Torres recomendó que se siga manteniendo el tope de 1,5% del PIB porque actualmente no existen garantías de que los gastos presupuestarios se realizarán de manera eficiente, por lo que manifestó que lo ideal sería eliminar gastos superfluos y posteriormente ver si se puede flexibilizar el déficit fiscal.