La Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), la Unión Industrial Paraguaya Joven (UIP), La Asociación de Chefs del Paraguay (ACPY), la Asociación de Industrias Hoteleras del Paraguay (AIHPY) y la Cámara Nacional de Turismo, son los gremios firmantes de dicha propuesta, que pide volver a poner en vigencia los dispuesto por la Ley 7.706/2021, que permitió que las empresas paguen solamente una parte de lo que deben aportar por trabajador al IPS.
Tal medida finalizó en diciembre y actualmente los restaurantes, hoteles, organizadores de eventos y mipymes deben pagar de vuelta el 16,5% correspondiente, mientras que los trabajadores aportan el 9% que establece la legislación de la previsional. "Hay algunas situaciones que se están dando, como la llegada del ómicron, que está impulsando de nuevo las suspensiones en reservas en restaurantes, lo que significa una merma en la facturación. El rubro de viajes también está sufriendo cancelaciones y por eso necesitamos algunas flexibilizaciones", enmarcó Aramí O'hara, directiva de la ACPY.
Otro de los rubros en baja es el de los eventos, que está en plena recuperación, pero si se adoptan nuevas limitaciones de aforo, ellas frenarían la presente reactivación. Asimismo, O'hara indicó que es inevitable hablar del régimen transitorio de aportes, ya que tanto el Estado como el sector privado coinciden en que hay que mantener e incluso avanzar con la formalización de la economía.
"Lo que pedimos ni siquiera requiere de evaluar de dónde hay que sacar recursos, ya que no hablamos de exonerar pagos, sino de diferir aportes para más adelante", apuntó. A su vez, aclaró que al terminar el 2022 habría que establecer un plazo de seis meses para que las empresas se preparan para amortizar la deuda hasta en 60 meses, que coincidirán con la vuelta al régimen ordinario de aporte obrero - patronal.
Finalmente, O'hara lamentó que el Congreso no haya tratado la ampliación de la Ley de Emergencia, debido a que las empresas ya volvieron a suspender contratos y a mandar a sus empleados a aislarse en sus casas. Según información oficial, el IPS cuenta con US$ 25 millones para ejecutar los pagos por suspensión de contratos laborales.