La primera de ellas establece un nuevo sistema de graduación de multas, clasificadas según la gravedad de la infracción, la reincidencia, el perjuicio causado y la intencionalidad del proveedor. Además, introduce nueve criterios objetivos y proporcionales que deben aplicarse en cada caso: desde el perjuicio al consumidor, la posición en el mercado del infractor y el beneficio económico obtenido, hasta la conducta procesal del proveedor o la vulnerabilidad del consumidor. La segunda resolución aprueba un procedimiento administrativo transparente y eficiente para el cobro de multas, que incluye descuentos de hasta el 40% para las empresas que cumplan con las medidas correctivas y paguen en plazo.
Desde InfoNegocios, en diálogo con Sara Irún, ministra titular de Sedeco, se profundizó sobre el contexto, las bases y el impacto de estas resoluciones.
“En los últimos años observamos un crecimiento en la cantidad y la complejidad de los reclamos, así como un alto porcentaje de judicialización de las resoluciones sancionatorias emitidas por la autoridad”, explicó Irún. “También identificamos que determinados aspectos de la normativa, como el amplio margen de discrecionalidad con el que cuenta la administración para graduar multas, generaban incertidumbre. Por eso, comprendimos que el marco sancionador necesitaba actualizarse. Estas resoluciones son nuestra respuesta: reglas claras, objetivas y proporcionales, que permiten prevenir arbitrariedades y dotan de mayor previsibilidad al sistema”.
El impacto para los consumidores es inmediato. Según Irún, “significa contar con un sistema más transparente y justo: sabrán que la gravedad de cada infracción se medirá con criterios objetivos y que las soluciones a su problema estarán en el centro de las medidas correctivas. Para las empresas, se traduce en reglas claras: conocen de antemano cómo se graduará una multa y cuentan con suficientes incentivos para cumplir de forma inmediata con las medidas dispuestas”.
En cuanto a los nueve criterios de la Resolución 1382/25, la ministra explicó que “lo que hicimos con esta resolución fue operativizar los criterios de manera objetiva. Se verifica cuántos de estos criterios concurren en cada caso y con qué gravedad. Así, la multa deja de ser una cifra discrecional para convertirse en el resultado de un método acumulativo y previsible. Esto asegura proporcionalidad y evita sanciones desmedidas”.
La Resolución 1383/25, por su parte, introduce un incentivo claro: descuentos en las multas para empresas que cumplan con medidas correctivas en plazos establecidos. “Nuestro objetivo es priorizar que el consumidor reciba una solución efectiva y rápida. Si la empresa corrige la situación, devuelve lo cobrado indebidamente o repara un bien defectuoso, estamos cumpliendo la misión de proteger al consumidor. El descuento en la multa incentiva el cumplimiento voluntario y reduce la judicialización, generando un círculo virtuoso de cumplimiento”, afirmó Irún.
El marco también fortalece la previsibilidad y seguridad jurídica del mercado. “Con criterios claros para graduar sanciones y un procedimiento estandarizado, tanto consumidores como proveedores saben exactamente qué esperar. Eliminamos discrecionalidad, evitamos interpretaciones dispares y fortalecemos la confianza en el sistema”, explicó la titular de Sedeco.
En términos más amplios, Irún resaltó que el mensaje para el sector privado es de oportunidad, no de sanción. “Queremos que las empresas vean este nuevo marco como una oportunidad para fortalecer su relación con el consumidor mediante el cumplimiento de la normativa y la adopción de mejores prácticas. La objetividad en la graduación de multas y la previsibilidad en su aplicación buscan incentivar la adecuación voluntaria y la mejora continua”, agregó.
Finalmente, la ministra recordó que el centro de toda la política institucional sigue siendo el ciudadano. “Con estas medidas buscamos que los consumidores encuentren soluciones rápidas y efectivas, al tiempo que damos previsibilidad al mercado para que el desarrollo económico se apoye en la confianza y la transparencia”, concluyó.
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