El proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Juegos de Azar (Dinajzar), entre otras disposiciones, será tratado por la Cámara Baja la semana que viene, decisión adoptada en la sesión del martes pasado. “Perdimos, porque se va a tratar sin ninguna audiencia pública previa, ni nada”, se quejó Lorena Rojas, presidente de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apoja).
La Apoja, la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar (Capaju) y la Asociación Paraguaya de Empresarios de Juegos de Azar (Apeja) cuestionan el hecho de que la Dinajzar será un ente autónomo y autárquico, independiente del Ministerio de Hacienda, con presupuesto y plantel propio.
“La nueva entidad se crearía con el 20% del ingreso por juegos de azar, para sostener la estructura. Hablamos de nuevo de agigantamiento del Estado. Hay que recordar que el dinero de los juegos de azar va a organismos como la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), a las municipalidades, a las gobernaciones, que ahora perderían esos ingresos. La Dinajzar no tiene un perfil técnico; de nuevo es un perfil político”, dijo Rojas.
Según los datos oficiales, los cánones fiscales provenientes de los juegos de azar correspondientes a setiembre de 2021 ascienden a G. 12.304,12 millones, y los de octubre a G. 11.996,48 millones (los mayores registrados), lo que supone unos G. 12.000 millones mensuales, en promedio.
Al cambio actual significan cerca de US$ 1,8 millones por mes, y US$ 21 millones al año. El 20% de la suma anual mencionada supone más de US$ 4,2 millones por año para la Dinajzar “Es una locura para mantener una estructura”, sentenció Rojas al respecto.
Otro punto cuestionado es que el proyecto otorga un poder “desmedido”, al director de la Dinajzar, quien tendrá la libertad de reglamentar y otorgar concesiones directas. “Con esto la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) pasará a depender de la Dinajzar para todos los permisos, se podrá concesionar prórroga a los casinos con la sola firma del director, sin siquiera llamar a licitación, como está establecido hoy”, añadió la referente gremial.
Más críticas
Además, la propuesta de ley elimina la retención del Impuesto a la Renta al juego de azar −hasta ahora los ganadores deben pagar renta no deducible sobre el monto del premio−, lo que implicará un perjuicio al fisco, que tampoco fue consultado, de acuerdo a lo revelado por Rojas.
Asimismo, el gremio sostiene que se pretende establecer un monopolio anticonstitucional con la quiniela mientras abre a la competencia a los demás juegos; y que se impone la desigualdad ante la ley al disponer que algunos tipos de juegos depositen en el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress) los premios no pagados por no presentarse el ganador, pero otros no.
Rojas afirmó que los gremios involucrados vienen solicitando a las autoridades una audiencia pública, desde hace unos seis meses, sin obtener una respuesta favorable. “Pedimos también una mesa de trabajo con las instituciones afectadas por este proyecto de ley; queremos elaborar una ley justa, igualitaria, que desarrolle la industria del juego y no que retroceda, porque nuestro sector es el que da fuentes de trabajo, pero somos los primeros excluidos de este proyecto”, resaltó.