Liquidez inmediata: cómo la ley de factoraje puede beneficiar a las mipymes

La ley de factoraje otorga un marco legal a la transacción derivada de un acuerdo comercial, en la que una compañía o particular vende sus facturas por cobrar −al sistema financiero o particulares− con el objetivo de tener liquidez inmediata, y no esperar 30, 60 o 90 días para efectivizar el cobro pactado.

Según el diputado Sebastián García, impulsor de la iniciativa, la reglamentación de esta ley favorece a las micro, pequeñas y medianas empresas para que al trabajar con grandes firmas no deban esperar largos plazos para recibir sus importes, y también se brinda un sistema jurídico oportuno que fomenta la transparencia. 

La normativa está reglamentada desde hace una semana y ahora trabajan en la construcción de una plataforma digital, de acuerdo a García, mediante la cual se cargarán las solicitudes de los interesados en realizar la transacción. Además, a través de un proceso que permitirá endosar el documento (factura cambiaria) se informará la cesión de la deuda para que la entidad que la emitió avale la operación y así concretar el acuerdo. 

“Con esto se transparentan las operaciones, además de ser una excelente herramienta de liquidez para las mipymes o profesionales independientes que necesitan cobrar sus deudas con más antelación de lo previsto. Igualmente se otorga una tasa acorde a los valores del mercado, que siempre debe estar por debajo de las tasas usurarias establecidas por el Banco Central del Paraguay (BCP)”, complementó. 

La ley tiene un plazo máximo de seis meses para su puesta en vigencia, por ello es un hecho que empiece a regir este año, de acuerdo a García. 

Al mismo tiempo, el proyectista resaltó que no solo es una herramienta para lograr fortalecer esta modalidad de pago, que es sumamente utilizada en nuestra economía, sino que “también permitirá que las empresas de menor porte o profesionales independientes trabajen más activamente con grandes compañías o incluso con el Estado”, destacó.

Reglamentar el teletrabajo

En principio se buscó reflotar un proyecto de ley sobre teletrabajo, que estaba archivado en la Cámara de Diputados hace un par de años, pero gracias a la colaboración de abogados especializados en el área y de estudiantes de la carrera de Derecho, lograron actualizar el proyecto, y ponerlo a consideración de todos los sectores económicos para su análisis. 

El estudiante de Derecho, Matías Chaves, fue uno de los participantes más activos para la creación de esta propuesta, según el legislador. 

"Básicamente se reglamenta las responsabilidades de alguien que trabaja desde su domicilio, establece cuáles son sus límites de horario, su utilidad, sus responsabilidades, cómo se aborda el aspecto de confidencialidad de datos, entre otros factores relevantes", indicó.

De esta manera, el proyecto otorga un marco legal para la práctica del trabajo a distancia, para que tanto los empleadores como los empleados tengan reglas claras de la forma de actuar y también cuenten con respaldado en casos puntuales. 

Este proyecto de ley tiene media sanción −fue aprobado en la Cámara de Diputados− y próximamente será estudiado en la Cámara de Senadores.

"Se previó una pequeña redacción sobre teletrabajo en la ley de emergencia COVID, una pequeña mención del tema. Pero la idea es que cuando se apruebe este proyecto sirva como un marco regulatorio permanente, para que se pueda incentivar formalmente esta alternativa laboral de trabajo a distancia, que actualmente está siendo bastante aplicada", señaló.

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