La Sala Constitucional de la CSJ rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustible (Cadipac) contra la ordenanza municipal que establece que debe haber al menos 1.000 m de distancia entre una estación de servicio y otra. Pero este no fue el único fallo de la corte.
“Tenemos dos casos que ya tienen fallo de la CSJ. Estamos preocupados porque en uno de ellos la corte no da lugar a la inconstitucionalidad argumentando que la Cadipac no puede presentar la acción como gremio; no trata el fondo sino la forma en que se realiza la solicitud”, dijo Federico Mora, jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción.
En el otro fallo, que sí trata sobre un caso particular, “la corte da ha lugar porque establece que atenta contra la libre competencia. Lo grave es que genera jurisprudencia y el antecedente de que si las estaciones hacen la solicitud en particular se va a otorgar la inconstitucionalidad y, por ende, el municipio se queda sin herramienta para limitar el distanciamiento entre estaciones”, agregó.
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El funcionario recordó que se presentaron cinco acciones de inconstitucionalidad contra la ordenanza que impone la distancia mínima entre surtidores, al tiempo de aclarar que el fallo de la CSJ no implica que se desmonten las estaciones que fueron construidas mientras la citada ordenanza quedaba en suspenso por estar en estudio su inconstitucionalidad.
Pérdida de plata y salud
En Paraguay hay más de 35 estaciones de servicio cada 100.000 habitantes, la densidad más alta de Latinoamérica, y a la fecha en Asunción existen más de 120 surtidores. Una estimación de la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa) de 2019 consigna que en seis años hubo un crecimiento del 50% en la cantidad de expendedoras de combustible.
La cercanía de las expendedoras y el aumento casi sin control de ellas disminuyen la rentabilidad de las empresas, las que pueden entrar en problemas cuando la oferta excede a la demanda, y lo que en principio era un buen negocio empieza a dejar de serlo. Pero hay otro punto oscuro: el peligro para el medioambiente y la salud.
En la actualidad también está en suspenso la Resolución Nº 435/2019 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), que establece la obligatoriedad del cumplimiento de la Norma de Aplicación PNA 40 002 19 Gestión Ambiental en la construcción y operación de Estaciones de Servicios, Gasolineras y Puestos de Consumo Propio. Prevención y control de la contaminación del suelo y agua.
Esta resolución está basada en un estudio hecho por la Facultad de Ingeniería de la UNA (Fiuna) en el que se obtuvieron datos y registros de una dispersión de la contaminación en la napa freática a una distancia de 1.000 m.
“Por eso se toma como parámetro esta distancia, a través de un consenso de los que participaron en el desarrollo de la norma (técnicos, expertos y Apesa). Los criterios establecidos en esta norma deben ser cumplidos para la obtención de su licencia ambiental de parte de las estaciones de servicios que quieran instalarse, pero cuando el Mades emitió esta resolución empresas y particulares accionaron ante la CSJ y obtuvieron una medida cautelar”, explicó Carolina Pedrozo, directora de Evaluación de Impacto Ambiental del Mades.
El análisis arrojó que la filtración de elementos asociados a los combustibles ya está afectando al acuífero Patiño. “Tener estaciones de servicio, una al lado de la otra, no solo genera la posibilidad de contaminación de la napa freática; hay emisión de gases de los combustibles que se volatilizan, un riesgo importante de cualquier accidente, y otros peligros que hay que analizar al momento de evaluar los emprendimientos. Por eso estas resoluciones son fundamentales”, aseguró la funcionaria.