Según San Martín, hace seis años había un total de 1.250 estaciones y ahora existen 2.500 habilitadas en todo el territorio nacional.
“Colocan una estación frente a otra, o a distancias súper cortas, generando una situación compleja, no solamente en términos de competencia, sino de seguridad para los usuarios o los residentes de la zona”, aseguró.
Explicó que esta tendencia es similar a la experimentada en otras áreas comerciales, donde las personas entienden que un sistema funciona e inmediatamente se ponen a trabajar para construir algo idéntico o similar.
Pero en el caso de las estaciones de servicios, la apertura no puede darse con tanta facilidad, teniendo en cuenta los productos que se manejan y los cuidados requeridos para no afectar al entorno, añadió.
“Existe un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que tiene tres pilares que consideramos fundamentales para el mejor control del sector. Por un lado, establece una distancia mínima de 1.000 metros para los nuevos locales en zonas urbanas, y 5.000 metros en zonas rurales, lo que ayuda a establecer un mínimo ordenamiento”, sostuvo.
La normativa establece una superficie mínima de 1.000 m2 para estaciones que tienen lavaderos, y de 600 m2 para aquellas que solo fungen como expendedoras de gasolina. Y como último punto, exige que las estaciones sean construidas bajo ciertos requisitos estructurales, que promuevan la sostenibilidad.
“Esperamos que este proyecto de ley sea tratado y aprobado este año. Existe una ordenanza en el Municipio de Asunción, que contempla estos aspectos, por tanto, esta ley ayudaría a que el ordenamiento sea a nivel país”, afirmó.
En caso de ser aprobada la ley, el ente regulador será el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Asimismo, contó que esta institución cuenta con el Decreto 10.911/00, vigente desde el 2000, que establece una serie de regulaciones, pero para mejorar su eficiencia debe ser adaptada al panorama actual, explicó.
Panorama
Los primeros cuatro meses del año, según San Martín, presentaron una leve disminución del consumo de combustibles, especialmente en enero y febrero, como es habitual, porque las personas optan por tomar vacaciones y no existe actividad escolar.
Mientras que en marzo y abril hubo una retracción de hasta un 10%, pero “no representa un descenso considerable, porque se sigue teniendo a estos como meses con menor consumo”, detalló.
Por último, San Martín expresó que estarán en comunicación con las autoridades nacionales y directivos de las otras asociaciones, tratando de que se apliquen decretos o leyes, que protejan las inversiones realizadas y a los usuarios.
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