"En este momento, estamos terminando un taller de evaluación de riesgos y prevención del financiamiento del terrorismo, con la ayuda del Banco Mundial, y con la presencia masiva de instituciones del sector público y el sector privado. Lo cual me da la pauta del compromiso que existe con esta causa nacional. Esto realmente es una causa nacional"
Determinó que es consciente de que se existen aspectos normativos y fácticos que tienen que ser revisados y mejorados para que podamos permanecer en un nivel que nos permita no entrar en la tan temida Lista Gris.
"Creemos que es posible revertir la situación actual, y venimos trabajando desde el lunes con esto, cumpliendo acabadamente con todas las actividades establecidas, el tiempo se nos viene encima, por eso, cumpliremos con los organismos internacionales y nacionales".
De forma diaria, llevan adelante entre 6 a 7 reuniones con los principales referentes de las instituciones, para abordar las tareas o acciones para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, partiendo de la base que estamos a semanas del inicio de la evaluación, remarcó.
El proceso de evaluación cuenta con varias etapas, y culminará en el mes de mayo de 2020. "De hecho ya han comenzado una serie de evaluaciones previas, que se suceden previo al momento inicial del examen. Pero con las señales que estoy recibiendo de las distintas instituciones involucradas, creo que saldremos airosos".
A parte de las modificaciones normativas (paquetes de leyes), es fundamental que estas sean efectivas para el combate de estos delitos, y confirmar las eventuales condenas de los que infringen las normas, destacó el ministro.
Ante la consulta sobre después de cuánto tiempo, Paraguay podría volver a la lista gris, señaló que son más de 10 años. "Sería realmente lamentable que eso ocurra, es una hipótesis probable, pero espero que eso no se materialice en la realidad. Estamos haciendo lo humanamente posible para que esto no suceda"
Instituciones
Los principales aliados a nivel local, son la Dirección Nacional de Aduanas, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Subsecretaria de Estado de Tributación, así como instituciones financieras y afines.