Aldo Natalizia, director de asuntos corporativos de Tigo -que a su vez forma parte de la Cámara de Operadores Móviles- dijo que “tal como está redactado el artículo 103 de la versión Diputados del proyecto de normativa, se vuelve inaplicable el servicio de las billeteras electrónicas, y se pone innecesariamente en peligro su amplia utilización, así como todos los avances logrados en el ámbito de la inclusión financiera”, advirtió.
Según el referente, el proyecto de ley tiene el apoyo de todos los sectores, en general, porque busca fortalecer el ecosistema digital. La discrepancia, la única, que genera el artículo 103 del proyecto de ley citado es la diferencia entre el texto que salió de la cámara de origen, Diputados y el que volvió del Senado.
El texto original plantea que todas las transacciones financieras tienen que tener un nivel de seguridad alto (los otros dos niveles son el bajo y el sustancial) y lo que el Senado hizo, por recomendación del BCP y del MIC, es que sea cada regulador el que defina el nivel de seguridad de acuerdo a cada transacción.
¿Cuál es el problema que plantea un nivel de seguridad alto? “La ley dice que para que sea un nivel de seguridad alto un prestador de servicios de confianza calificado tiene que validar la identidad, o sea, tiene que haber un tercero que diga que fulano es fulano para que quede garantizada la identidad de esa persona”, explicó Natalizia.
El MIC debe habilitar a tres prestadores de servicios de confianza calificados. “Esos tres están en Asunción, y cómo vamos a hacer que las 5 millones de billeteras electrónicas que están en todo el país y las dos y medio millones que están activas tengan ese servicio de un prestador de confianza que hoy no existe. La ley es inaplicable si los Diputados se ratifican”, afirmó el ejecutivo. La Cámara Baja trata en la fecha el proyecto.
La única manera de que el ecosistema digital sobreviva es que sea el regulador el que defina “porque claramente es un tema técnico; cada producto va a tener un nivel de seguridad de acuerdo al riesgo que defina el regulador. En otros países es el Estado el que da ese seguro. En el futuro podría ser que nuestra cédula sea una identidad digital, que es a lo que queremos llegar, pero lo que no se puede decir es que ahora estamos listos, no hay manera”, resaltó Natalizia.