¿De qué hablamos?... cuando hablamos de: El endeudamiento público y sus riesgos

No caben dudas de que dedicar más recursos financieros para paliar el  déficit en infraestructura contribuye al desarrollo económico del país, pero también es cierto que el rápido crecimiento de la deuda constituye un riesgo fiscal de mediano plazo en las actuales condiciones de escasa recaudación tributaria y de incertidumbre en el mercado financiero internacional.

Dionisio Borda, a través del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), refiere que la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ya trepó a más del doble (de solo 10,9% en 2011 a 23,2% del PIB en marzo de 2016). Sin embargo la recaudación tributaria fue de solo 12,5% del PIB en 2015, una de las más bajas de América Latina.

“No hay señales de que esta tendencia vaya a cambiar porque las reformas impositivas para recaudar más no están en la agenda del actual gobierno. La presente política de incrementar la deuda pública en un contexto de baja recaudación obligará a futuros gobiernos a encarar, más tarde o más temprano, impopulares reformas para cumplir con los compromisos de la deuda acumulada”, agregó.

El experto considera que si el endeudamiento acelerado fuese el camino al desarrollo, varios países subdesarrollados hubieran estado en la lista de países desarrollados. Pero la experiencia muestra lo contrario, que muchas veces el endeudamiento se ha convertido en décadas perdidas para el desarrollo.

Dionisio Borda concluye subrayando que “instalar capacidades para realizar las obras de infraestructura toma tiempo y los atajos pueden ser peligrosos, más aún cuando se encaran varias obras simultáneamente. Los errores pueden verse ya en el corto plazo, pero lo más probable es que las consecuencias de la ineficiencia, de la escasa capacidad de gestión y control, se manifiesten en el mediano plazo con altos costos para la sociedad”.

Proyecto para cambiar la fórmula del salario mínimo: ¿en qué consiste y quiénes estarían involucrados?

Antes de que finalice junio, debe oficializarse el ajuste del salario mínimo. Como cada año, este tema genera debate: por un lado, los gremios de trabajadores exigen modificar el mecanismo de medición utilizado para determinar el monto del reajuste, actualmente basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado a mayo; mientras que, por otro lado, el sector empresarial sostiene que dicho sistema debe mantenerse.

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