La disputa entre Atome PLC y Paraguay entró en una nueva etapa, ya que la firma notificó hace unos días al Estado paraguayo mediante un Aviso de Controversia e Intención de Someter una Reclamación a Arbitraje, luego de que el Gobierno dejara sin efecto los decretos que establecían condiciones especiales para el suministro de energía a su proyecto de fertilizantes verdes en Villeta.
El proyecto contempla una inversión de US$ 665 millones, cifra que Atome presenta como la mayor inversión industrial extranjera individual proyectada en la historia del país. La empresa sostiene que desarrolló el emprendimiento sobre la base de un marco regulatorio y condiciones energéticas que luego fueron modificados.
Pero, pese al impacto del anuncio, todavía no existe una demanda ni un arbitraje iniciado contra Paraguay. La Procuraduría General de la República aclaró que la notificación comunica la existencia de una controversia y habilita un período de tres meses para explorar una solución amistosa antes de una eventual instancia arbitral.
Atome, de hecho, señaló que su preferencia continúa siendo alcanzar un acuerdo que permita avanzar con el proyecto y evitar el arbitraje.
La discusión que empezó con la tarifa de la ANDE
El conflicto tiene como uno de sus puntos centrales las condiciones de suministro eléctrico acordadas para la planta de Villeta.
El exgerente técnico de la ANDE, Fabián Cáceres, explicó que la estatal ya había firmado con Atome un contrato de suministro en 2022 para una conexión en 220.000 voltios, con vigencia hasta 2032 y posibilidad de prórroga.
“Ellos aparecen en el 2022 cuando solicitaron un contrato de 220.000 voltios para una planta industrial en Villeta, se hizo un contrato con el pliego Nº 2.120 y la vigencia era hasta el 2032 prorrogable”, comentó.
Según Cáceres, en aquel momento el promedio de la energía se encontraba en torno a US$ 32 por MWh. Posteriormente, sostuvo que Atome consiguió que el Gobierno estableciera mediante decreto una tarifa de US$ 30 por MWh, con un esquema de 15 años de ajuste.
“Eso iba a generar, si se firmaba, un perjuicio y posible daño patrimonial”, opinó.
La discusión llegó a un nuevo punto este año, después de que el Gobierno derogara los decretos que respaldaban el régimen de Energía-a-X. La ANDE, por su parte, rechazó la solicitud de Atome para modificar las condiciones tarifarias y comerciales de su contrato de suministro.
¿Qué puede terminar pagando el Estado?
El expresidente de la ANDE, Pedro Ferreira, puso el foco en otro aspecto: las consecuencias económicas que podría tener una eventual controversia internacional.
Ferreira advirtió que el Estado paraguayo podría terminar pagando una compensación a Atome incluso si la empresa no concretó la inversión total proyectada en el país, dependiendo de los compromisos que hayan sido asumidos por las autoridades paraguayas.
“Supongamos que Atome consiga, por ejemplo, US$ 20 millones de compensación, que ya sería un absurdo. El Estado paraguayo le va a tener que pagar”, planteó.
El extitular de la estatal también cuestionó la cifra de US$ 665 millones vinculada al proyecto y sostuvo que no existe registro del dinero destinado por la compañía en territorio paraguayo.
Estas afirmaciones corresponden a la interpretación de Ferreira sobre las eventuales consecuencias económicas del conflicto; la existencia, el alcance y el eventual monto de una reclamación arbitral dependerían de un proceso que todavía no se inició.
¿Qué significa realmente el aviso de Atome?
Desde el sector privado, el abogado especializado en arbitraje Diego Zavala, del estudio jurídico Mersan, explicó a InfoNegocios que lo primero es diferenciar el aviso de controversia de un arbitraje ya iniciado.
Zavala señaló que, por la información pública disponible y sin haber tenido acceso al contrato específico, entiende que el mecanismo al que podría recurrir Atome corresponde a un arbitraje de inversión, mediante el cual un inversionista privado puede plantear una controversia contra un Estado bajo las condiciones previstas en el instrumento internacional aplicable.
El especialista mencionó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, como el organismo al que podría llegar la controversia.
“No estamos todavía en un litigio, pero de lo que se publica, se puede inferir que el siguiente paso va a ser litigio”, señaló.
Para Zavala, lo que ocurre actualmente es una etapa previa: Atome plantea formalmente la existencia de una controversia y se abre un espacio para que las partes intenten resolverla antes de avanzar hacia una eventual instancia arbitral.
Si finalmente se iniciara un arbitraje, la representación de los intereses del Estado paraguayo correspondería a la Procuraduría General de la República.
La energía vuelve al centro de la discusión
Zavala también puso el foco en un aspecto que excede al caso Atome: la forma en que Paraguay ofrece su disponibilidad energética a los inversores.
Aclaró que su análisis parte de la información publicada y que no tuvo acceso al contrato ni a toda la documentación del caso. Desde esa perspectiva, explicó que, aparentemente, Paraguay habría ofrecido determinadas condiciones de energía durante las negociaciones y que posteriormente el Gobierno decidió no continuar bajo esos términos.
Para el abogado, el caso debería llevar a una discusión más amplia sobre qué cantidad de energía está realmente disponible para nuevos proyectos y bajo qué condiciones.
“Tenemos que ser claros si tenemos o no tenemos esa energía a disposición”, afirmó.
Zavala sostuvo que Paraguay busca atraer inversiones mostrando como uno de sus atractivos la disponibilidad de energía limpia y a buen precio, por lo que considera necesario que las condiciones ofrecidas a los inversores sean claras y consistentes.
También planteó que una controversia de este tipo puede tener una dimensión que va más allá de Atome, porque las empresas extranjeras observan cómo un país gestiona sus compromisos y sus diferencias con los inversores.
“Es importante que Paraguay dé las señales en ese sentido”, sostuvo.
Tres meses para intentar una salida
Con la notificación presentada por Atome, ahora se abre un período de tres meses de consultas contemplado en el Tratado Bilateral de Inversiones entre el Reino Unido y Paraguay. Durante ese tiempo, las partes pueden intentar alcanzar una solución antes de que la compañía avance con una eventual reclamación arbitral.
La Procuraduría señaló que el Estado paraguayo está analizando los planteamientos de Atome y que no corresponde anticipar una posición sobre el fondo de la controversia. Al mismo tiempo, reafirmó su compromiso con la seguridad jurídica y el respeto a las inversiones, aunque indicó que defenderá los intereses del Estado paraguayo.
Para Zavala, la primera señal debería ser precisamente sentarse a conversar.
“En este momento se abre una mesa de negociación y hasta una mesa de conversaciones para mostrar la predisposición para mantener nuestra seriedad como país ante el inversionista”, remarcó.
Así, los próximos tres meses tendrán dos frentes abiertos: por un lado, la posibilidad de encontrar una salida que permita destrabar el proyecto de Villeta; por otro, la discusión sobre las condiciones bajo las cuales Paraguay ofrece su energía a grandes inversiones industriales.
Por ahora, el arbitraje es una posibilidad y no un proceso iniciado. El siguiente movimiento dependerá de lo que ocurra en esta etapa de conversaciones entre Atome y el Estado paraguayo.